Un video publicado por Yina Calderón convirtió en viral una discusión entre Daneidy Barrera, conocida como «Epa Colombia», y el senador Wadith Manzur dentro de la Escuela de Carabineros, donde ambos permanecían privados de la libertad.
En la grabación, Barrera se queja por una cortina y dice: «¿Dónde la corro más la cortina, Manzur, dónde más? Lo que ustedes me hacen es persecución. Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura. No, señor, no, señor».
Calderón acompañó la publicación con el mensaje: «Esto es cruel, ella no es una criminal... necesitamos su ayuda», dirigido al presidente Abelardo De La Espriella.
La pieza, sin embargo, dura pocos segundos y no permite determinar el origen del reclamo ni comprobar las afirmaciones hechas durante el intercambio. Tanto Manzur como Barrera fueron trasladados después, aunque esos movimientos se hicieron de forma independiente y no estuvieron relacionados con la discusión.
Barrera Rojas está recluida en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, donde cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas, tras los destrozos a estaciones de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019.
Manzur, por su parte, enfrenta una investigación por su presunta participación en la red de corrupción que operó dentro de la UNGRD. Según las autoridades judiciales, esa red habría involucrado el direccionamiento irregular de contratos y el uso de recursos públicos para obtener apoyos políticos. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó su captura el 12 de marzo y luego el senador se presentó ante las autoridades.
El episodio sirve como recordatorio de cómo se degrada el espacio público cuando la política, la reclusión y el espectáculo digital se mezclan sin jerarquía ni responsabilidad. Los números primero: cuando aparecen presuntos desvíos de recursos públicos, el costo no lo paga una abstracción, lo pagan los contribuyentes y termina afectada la confianza en las reglas.
También deja una señal incómoda para el Estado: si una instalación que ha servido como lugar de detención para políticos y funcionarios investigados o condenados por procesos de alto perfil termina convertida en escenario de escándalo viral, el problema no es solo de imagen. Es de orden, de disciplina institucional y de respeto por la ley.
Capital busca reglas claras. Y en casos como este, lo que queda en juego no es una cortina ni un video de pocos segundos, sino la credibilidad de las instituciones que deberían proteger el dinero público y separar con rigor la justicia del circo.
