La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles para declarar en desacato de Congreso a Leon Black, ex CEO de Apollo Global Management y asociado de Jeffrey Epstein. La decisión llegó después de que Black se negara a cumplir citaciones que le exigían entregar sus acuerdos de confidencialidad, o NDAs, incluidos los que mencionan a Epstein o a Ghislaine Maxwell.
El voto fue por consentimiento unánime, según las fuentes, y deja el expediente listo para que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, lo remita al Departamento de Justicia para una eventual acusación penal. La acción también se apoyó en una votación previa del comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, que el martes aprobó por 41-0 una resolución recomendando el desacato.
James Comer, presidente del comité, dijo que «nadie está por encima de la ley» y sostuvo que la Cámara seguirá buscando transparencia para el público y justicia para los sobrevivientes. Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el panel, calificó la votación como «un paso importante hacia la justicia y la rendición de cuentas».
Black, que cofundó Apollo Global Management, abandonó en junio una entrevista voluntaria ante el comité después de ser interrogado sobre NDAs. Luego fue citado para entregar documentos y presentarse a una deposición bajo juramento el 3 de septiembre. Esta vez, Black demandó al comité antes de cumplir con las órdenes.
Sus abogados, Susan Estrich y Aaron Cutler, calificaron la decisión de la Cámara como «una acción escandalosa». También dijeron que el comité actuó con urgencia y que las citaciones son inválidas porque buscarían información privada sin relación legítima con su propósito legislativo.
Black ha dicho que no conocía el abuso sexual de Epstein y que no cometió ninguna irregularidad en sus tratos con él. Sus abogados afirmaron además que nunca abusó de una mujer, nunca estuvo con una menor y nunca obligó a nadie a firmar un NDA.
La propia disputa muestra algo más amplio que una pelea legal entre un multimillonario y el Congreso. En el centro está el uso de acuerdos de confidencialidad para sellar información sensible en casos de abuso sexual. Si la Cámara avanza con la propuesta de Comer, la lógica cambiaría en favor de las víctimas y contra una herramienta contractual que, en estos casos, puede funcionar como escudo de silencio.
Para el mercado, el mensaje también importa. Cuando la opacidad contractual se mezcla con dinero, influencia y poder político, el costo reputacional puede subir rápido. Y cuando el Estado presiona por transparencia en vez de tolerar cláusulas que bloquean denuncias, el principio que queda en juego es claro: la confidencialidad privada no puede estar por encima del interés público ni de la rendición de cuentas.
