El Ministerio del Ambiente defendió ante el Congreso la propuesta presupuestal del sector para 2027, que asciende a S/985,94 millones, y al mismo tiempo respaldó cambios en la Ley de Áreas Naturales Protegidas incluidos en el pedido de facultades del Gobierno.
Según el texto presentado al Congreso, la modificación estaría orientada a permitir la reducción física o la modificación legal de un área natural protegida cuando sea necesaria la ejecución de proyectos determinados declarados de necesidad pública e interés nacional, entre ellos actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
La exposición de motivos también plantea precisar en la Ley 28736 los efectos de la categorización de una Reserva Indígena sobre derechos, contratos, títulos habilitantes u otros actos jurídicos otorgados por el Estado con anterioridad, con el objetivo de garantizar su continuidad y ejercicio efectivo. El propio documento sostiene que la intención es compatibilizar la protección PIACI con la seguridad jurídica de los derechos preexistentes y el desarrollo sostenible de los hidrocarburos.
Huaroc defendió esa línea al afirmar que las Áreas Naturales Protegidas no deben ser consideradas «museos vivientes». Dijo que son zonas vivas donde vive población, hay producción y hay actividades económicas, y añadió que hay que viabilizarlas con márgenes ambientales más estrictos. También sostuvo que no se puede permitir que la minería ilegal penetre en las ANP.
El ministro señaló además que las medidas comprenden la promoción de la inversión privada y la simplificación de los procedimientos administrativos vinculados a la exploración de hidrocarburos, sin que ello implique una reducción o flexibilización de los estándares de protección ambiental, ni una modificación de las reglas de participación ciudadana o consulta previa.
Huaroc dijo que proteger el ambiente no significa detener el desarrollo, sino generar condiciones para que el Perú crezca con responsabilidad, seguridad y sostenibilidad. También afirmó que el Estado debe estar presente para anticiparse a los riesgos y responder a las necesidades de la población.
El ministro agregó que en el Perú ya se funciona en 25 Áreas Naturales Protegidas con inversión, explotación petrolera y gasífera. Citó como ejemplo que Petroperú está en el Mar de Grau desde hace varios años, en el lote Z69.
Sobre Paracas, Huaroc afirmó que no hay presencia ilegal ni pesca ilegal, aunque señaló que, si hubo en algún momento, pudo haber sido en el pasado. También dijo que los 3.000 pescadores artesanales de Paracas, organizados por Sernanp, son los encargados de proteger el área.
La discusión deja un punto claro: el Gobierno quiere más margen para la inversión, pero la herramienta elegida vuelve a abrir el debate sobre el alcance real de las áreas protegidas. Cuando el aparato estatal convierte la excepción en regla, la inversión gana velocidad, pero la seguridad jurídica solo mejora si las reglas quedan claras y no cambian con cada impulso político.
Capital busca reglas claras. Si el Perú quiere más capitalización y más flujo privado, el marco ambiental tiene que ser previsible, no negociado caso por caso. Proteger ecosistemas y atraer inversión no son objetivos incompatibles; lo que sí suele ser incompatible es un Estado que promete certeza mientras amplía su discrecionalidad.