Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, llevó al Latam Fintech Market 2026 una radiografía incómoda del sistema financiero colombiano: 3 millones de colombianos quedaron fuera del crédito formal y millones más siguen atrapados en efectivo o en prestamistas de última instancia.
Según Santos, el 79% de los colombianos sigue usando efectivo y, entre las mipymes, la cifra llega al 82%. En ese vacío, dijo, prospera el «gota a gota», con intereses de cerca de 382% para personas y 666% para empresas. También advirtió que una persona endeudada por esa vía puede pagar nueve veces la deuda original en los primeros dos meses.
El dirigente del gremio afirmó que el ecosistema fintech ya supera las 390 compañías afiliadas y que casi el 80% pertenece exclusivamente a ese universo. Sostuvo además que siete de cada diez operaciones ya se hacen por medios no presenciales, que esas transacciones crecen cerca del 24% anual y que las que pasan por oficinas físicas avanzan apenas 9%.
En pagos, señaló que el 75% de las transacciones se hace a través de una billetera digital. Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, acumula más de 1.200 millones de transacciones desde su lanzamiento y movilizó cerca de $184 billones, de acuerdo con las cifras expuestas por Santos.
El frente de inversión tampoco luce cómodo para el sector. Santos dijo que seis de cada diez pesos que entran al ecosistema startup colombiano van a financiar una iniciativa fintech y afirmó que hoy manda la unidad económica verificable. Añadió que el capital que llegaba «sin ninguna perspectiva de sustento económico» se acabó y que el escenario actual es frágil.
En materia tributaria, pidió pelear contra el impuesto al emprendimiento y contra el aumento del IVA a la actividad financiera, como se busca en Bogotá. Su pregunta fue directa: «¿Qué empresa puede sustentar un impuesto que va sobre los ingresos y no sobre las ganancias cuando está empezando a crecer?». Su conclusión: el Estado «está haciendo un mal negocio» y expulsando capital que quería quedarse.
Santos también puso el foco en la eficiencia del gasto público. Recordó la pandemia como ejemplo de lo costoso que resultó distribuir subsidios y dijo que cuando se abrieron las puertas a compañías digitales el costo de repartir un subsidio se redujo casi cinco veces. A su juicio, el país retrocedió justo antes de necesitar mover auxilios a escala masiva.
El otro gran atasco, afirmó, está en la identidad digital y en el crédito hipotecario. Dijo que la identidad sigue dependiendo del papel, que el fraude crece de forma exponencial y que la cartera hipotecaria apenas llega al 6,4% del PIB. También calculó que vender una vivienda toma hasta 18 meses en Colombia, frente a un máximo de dos semanas en mercados hipotecarios desarrollados.
La lectura de fondo es clara: cuando el Estado sube el costo de operar, grava el ingreso antes que la utilidad y retrasa reglas que amplían el acceso, empuja a más personas hacia el mercado informal y destruye capital productivo. Capital busca reglas claras, no más peajes para el emprendimiento.
El otro mensaje es de orden económico. Si la formalización, los pagos digitales y el crédito hipotecario siguen frenados por trabas regulatorias y tributarias, el sistema termina premiando al prestamista más caro y castigando al ahorrador, al empresario y al contribuyente que sí opera dentro de la ley.
