La Comunidad de Madrid ha contratado a Tragsa para el mantenimiento de 13 bibliotecas públicas y seis bibliometros tras rescindir el contrato anterior con Clide Mantenimiento. El Gobierno regional sancionó a esa empresa con 414.000 euros por daños y perjuicios después de que, según la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, no cumpliera lo estipulado y pusiera en riesgo la seguridad de los visitantes.
El nuevo encargo no salió de una licitación abierta, sino de un convenio firmado en julio con el Grupo Tragsa, integrado en la SEPI. Madrid justifica la decisión en que un procedimiento abierto llevaría más tiempo y en que no se puede garantizar mediante contratos menores «el adecuado y completo mantenimiento y el correcto estado de conservación» de las bibliotecas. La Comunidad pagará 592.343 euros por este año y 2027.
El problema, sin embargo, no desapareció. Marisa Escalante, diputada de Más Madrid, denunció que este verano se alcanzaron «temperaturas asfixiantes» de hasta 35 grados y que hubo 88 quejas y 45 incidencias de climatización. Esos datos proceden de la propia Comunidad, tras varias peticiones de información de Más Madrid.
La Biblioteca Miguel Hernández, en Puente de Vallecas, fue el caso más extremo. El Gobierno autonómico reconoce allí temperaturas de entre 31 y 35 grados y 37 quejas de usuarios, la cifra más alta de toda la red. Además, durante mayo y junio se realizaron intervenciones sobre bombas, filtros y la torre de refrigeración.
Las incidencias alcanzaron también a otras sedes. La Comunidad reconoce hasta 30,7 grados en la Biblioteca Pedro Salinas, 30,6 grados en el salón de actos de Luis Martín Santos, en Villa de Vallecas, y alrededor de 29,5 grados en Luis Rosales, en Carabanchel. En total, las quejas vinculadas a la climatización se reparten entre Miguel Hernández, Pedro Salinas, María Moliner, Luis Rosales, Luis Martín Santos y Rafael Alberti.
Los datos reflejan además una red con peso relevante para el uso ciudadano: las bibliotecas autonómicas tienen 3.350 plazas de consultas, 3.013 de lectura, reciben 2,8 millones de visitas al año y en 2025 han registrado casi 3,1 millones de préstamos bibliotecarios.
Más Madrid también señaló demoras concretas. En Pedro Salinas, una avería de la enfriadora número 2 detectada el 25 de mayo no terminó de repararse hasta el 17 de agosto, casi tres meses después. En Luis Rosales, una incidencia registrada el 5 de mayo seguía en ejecución en septiembre. Y en Luis Martín Santos, la propia Comunidad reconoce la «obsolescencia» de los equipos, cuya renovación sigue pendiente.
La lectura de fondo es clara: cuando el mantenimiento público se retrasa, el deterioro se paga en dinero, en incomodidad y en riesgo operativo. Aquí no solo hay una red de bibliotecas con quejas por calor; hay una administración que terminó recurriendo a una empresa estatal para corregir fallas que no debieron acumularse.
Capital busca reglas claras. También exige gestión eficaz del aparato público. Cuando una biblioteca llega a 35 grados, la factura no es solo térmica: la termina asumiendo el contribuyente, con más gasto, más reparaciones y menos servicio.
