Un racionamiento eléctrico como el de los años noventa le costaría a Colombia $30,7 billones, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto, según un ejercicio presentado por Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence, durante el 18° Congreso Anual de Energía de Acolgen.
La estimación toma como referencia la metodología de costos de racionamiento que usa la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la aplica a un escenario con la misma profundidad y duración del corte de 1992: 343 días, en los que el sistema dejó de atender cerca de 2.400 gigavatios-hora, el 6,8% de la demanda de aquel entonces.
El cálculo se descompone en dos partes. Si solo se cuenta la producción que las empresas dejarían de generar por falta de electricidad, el impacto sería de 1,3% del PIB, unos $25 billones. La diferencia hasta llegar a $30,7 billones corresponde a la pérdida de bienestar de los hogares, es decir, al deterioro en la calidad de vida que implica vivir sin electricidad de forma prolongada.
En el escenario más adverso, el que replica las condiciones de 1992, el efecto sobre el empleo sería severo: hasta 210.000 puestos de trabajo perdidos y hasta 480.000 personas adicionales podrían caer en pobreza monetaria. La razón, según el cálculo de Lumen, es que las empresas no podrían sostener su producción ni sus nóminas durante una interrupción tan prolongada.
«Asegurar el suministro de energía debe ser una prioridad de la política económica», afirmó Mejía durante su intervención. Añadió que «las decisiones que se tomen hoy pueden reducir el riesgo de los cortes y proteger los ingresos de los hogares».
Las alertas llegan en un momento en el que varias señales climáticas y energéticas coinciden. La Organización Meteorológica Mundial calcula en casi 100% la probabilidad de que El Niño se mantenga activo hasta febrero de 2027, con posibilidad de intensificarse en el camino. A esto se suma que el IRI-NOAA le asigna un 98% de probabilidad a que el fenómeno llegue a categoría «muy fuerte» en los próximos meses.
La presión sobre el sistema ya se siente. Según XM, operador del sistema eléctrico colombiano, al 15 de septiembre los embalses del Sistema Interconectado Nacional estaban en 79% de su capacidad útil, frente a 79,36% al cierre de agosto. Los aportes hídricos acumulan cuatro meses consecutivos por debajo del promedio histórico y en agosto estuvieron en 74,46% de la media.
El golpe no es homogéneo. Antioquia, con 50,40% de aportes frente a su media histórica, y Caldas, con 54,6%, aparecen como las regiones más afectadas por la sequía. La región Oriente fue la única por encima de sus niveles normales, pero ese alivio parcial no compensa el déficit generalizado.
A la menor disponibilidad de agua se suma otro problema: los proyectos de generación que deberían reforzar el sistema no están entrando en operación al ritmo necesario. A mitad de año, solo había entrado en funcionamiento el 14,9% de la nueva capacidad que se esperaba para 2026. Con corte al 10 de septiembre, el avance era de 1.027 de los 4.475 megavatios programados para el año.
Los números primero. El mercado ya votó. Cuando la energía se vuelve escasa, la economía entera paga la cuenta: cae la productividad, sube el riesgo país y se castiga el margen de empresas y familias. Aquí no se discute un tecnicismo, sino la base misma para que la libre empresa produzca, invierta y contrate.
Capital busca reglas claras. Si el sistema eléctrico no se robustece a tiempo, el costo termina socializándose en forma de menos empleo, más pobreza y más presión sobre el aparato estatal. La prioridad, desde cualquier criterio serio de crecimiento, es evitar que una falla de suministro se convierta otra vez en una crisis nacional.
