Donald Trump acusó este sábado al Tribunal Supremo de Estados Unidos de tomar decisiones «erróneas» que, según él, le han costado al país «billones de dólares».
En su red Truth Social, el presidente escribió: «En los últimos seis meses, con sus decisiones erróneas, políticas y ridículas sobre aranceles y la ciudadanía por derecho de nacimiento, le han costado a los Estados Unidos de América billones de dólares».
Trump también sostuvo que a la Corte Suprema «le ha faltado el valor para hacer a Estados Unidos grande otra vez».
La crítica se produce en un momento incómodo para su administración. Este viernes, el precio promedio del diésel en Estados Unidos se mantenía cerca de su máximo histórico, en 6.43 dólares por galón, según los últimos datos de GasBuddy.
La nota económica importa porque el combustible toca de inmediato el costo del transporte, la logística y, en última instancia, la inflación que termina pagando el consumidor. Cuando el precio del diésel permanece en niveles tan altos, el margen de maniobra político se reduce y el ruido judicial deja de ser una disputa abstracta.
Las consecuencias económicas de la guerra de Irán, que empezó el pasado 28 de febrero, también han pasado a ser un tema incómodo para el Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
Trump ya se había pronunciado antes contra algunas decisiones de los magistrados. En esta ocasión volvió a responsabilizar a los jueces de daños económicos a Estados Unidos y afirmó que los fallos sobre aranceles y ciudadanía por nacimiento fueron frenados por el Tribunal Supremo.
Los aranceles y la ciudadanía por nacimiento fueron dos de las grandes apuestas de Trump para esta legislatura. Ambas quedaron detenidas por el máximo tribunal, que ahora se convierte en un foco central del choque institucional en Washington.
El fondo del asunto es simple: cuando la política recurre al poder judicial para sostener o frenar decisiones que impactan en precios, comercio y ciudadanía, el costo lo termina absorbiendo la economía real. Capital busca reglas claras, no una batalla permanente entre instituciones que eleva el riesgo país y entorpece la productividad.
Para el contribuyente y para la empresa, lo relevante no es el ruido de Truth Social, sino el efecto de fondo: aranceles más inciertos, energía cara y una Corte Suprema bajo presión política. En ese tablero, la libertad económica y la estabilidad jurídica vuelven a ser las piezas más valiosas.
