El representante Daniel Briceño buscará en el Congreso el desmonte de los impuestos saludables, vigentes desde 2023. Es uno de los promotores del proyecto de ley que pretende eliminar los gravámenes a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
Briceño, que ha sostenido que estos cobros no mejoraron los hábitos de consumo y encarecieron el mercado, calificó el impuesto como una «estafa a los colombianos». En su columna publicada en La República, defendió que un tributo justificado en la salud pública debería mostrar resultados verificables.
El congresista también cuestionó la propuesta de retirar solo el impuesto a los ultraprocesados y mantener el de las bebidas azucaradas. A su juicio, esa diferenciación no tiene una explicación técnica clara.
En su argumentación, Briceño afirmó que no existe en el país un estudio que demuestre un efecto positivo de estos tributos sobre la salud. Citó además un análisis sobre México y dijo que, tras medidas similares, los hogares sustituyeron los productos gravados por otros, sin cambios verificables en los resultados sanitarios.
Según Briceño, «al final el número total de calorías consumidas no cambió» y, en cambio, subió el consumo de sodio en 5%, de colesterol en 6% y de grasa en 1%. También dijo que no hubo cambios significativos en el índice de masa corporal.
El representante sostuvo que el impuesto a los ultraprocesados alcanza productos de consumo cotidiano como cereales de desayuno, galletas, embutidos, leche en polvo, mantequilla y chocolate. Añadió que «cada uno de esos productos paga hoy un impuesto adicional de 20% sobre su precio».
Briceño también citó cifras del Dane para mostrar el impacto en los hogares. Afirmó que los de menores ingresos destinan hasta 4,7 veces más de su presupuesto a gaseosas y maltas que los hogares de mayores ingresos.
Con base en datos de Fenalco, indicó que el 67% de las tiendas de barrio resultó afectado por los impuestos saludables. Además, dijo que los dueños de esos establecimientos reportaron una caída de 25,4% en sus ventas y que de ese comercio dependen cerca de 450.000 establecimientos y más de un millón de familias.
El Gobierno y sectores de salud pública defendieron en su momento que los impuestos buscaban desincentivar productos asociados con enfermedades crónicas no transmisibles y generar recursos para el sistema sanitario. La Corte Constitucional declaró exequibles los artículos demandados en las sentencias C-006/26 y C-020/26.
Briceño señaló que estos impuestos recaudan más de $3 billones al año y que no tienen una destinación específica para el sistema de salud. Dijo que van al presupuesto general, «con el que se pagan camionetas blindadas y contratos de prestación de servicios».
La discusión no es menor: está en juego si el Estado debe seguir cargando al consumidor con más impuestos para financiar una burocracia cada vez más cara, o si corresponde devolver margen a hogares, tiendas de barrio y libre empresa. Capital busca reglas claras, no tributos que prometen salud y terminan alimentando la caja general.
Si el objetivo era mejorar hábitos, los resultados que cita Briceño ponen en duda el diseño del gravamen. Si el efecto real fue encarecer productos y golpear ventas, el costo lo termina pagando el consumidor y no el aparato estatal.
