La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda adoptar medidas para evitar que las restricciones presupuestales afecten la salud y, en particular, garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos necesarios para financiar la Unidad de Pago por Capitación, UPC, de 2027.
El alto tribunal pidió que la definición de esa UPC esté respaldada por evidencia técnica y por las necesidades reales de financiación del sistema. La UPC es el valor que el sistema reconoce por cada afiliado y que gira a su EPS para financiar la atención en salud.
La decisión fue revelada por Noticias RCN, y llega en medio del apretón que enfrentan varias entidades del Estado por la difícil situación de las finanzas públicas. En el texto se recuerda que la UPC estuvo desfinanciada durante el gobierno Petro, según la misma Corte.
La discusión no es menor para el flujo de recursos del sector. De acuerdo con la decisión, la suficiencia de la UPC resulta determinante para garantizar el derecho a la salud de los colombianos. La Corte también ha insistido en que no puede definirse únicamente a partir de una variable y que se requieren estudios técnicos confiables para saber si el valor reconocido cubre realmente los servicios y tecnologías que deben garantizar las EPS.
No es la primera vez que el alto tribunal interviene por este frente. En enero de 2025, mediante el Auto 007 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008 declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC correspondiente a 2024. En esa decisión, la Corte ordenó al Ministerio de Salud adoptar medidas para garantizar la suficiencia de la prima y abrió un incidente de desacato contra el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por no tomar cartas en el asunto.
Además, el Gobierno habría aceptado pasar $2 billones más al sector de la salud en la ponencia del presupuesto que ayer pasó su primer debate en el Congreso. La medida se da en medio de los desafíos económicos para sostener el sistema.
Para el mercado institucional, el mensaje es claro: cuando el aparato estatal aprieta la caja, la salud termina en la primera línea de riesgo. Y cuando la financiación depende de decisiones tardías o de cálculos débiles, la incertidumbre se traslada al sistema entero.
Capital busca reglas claras. La Corte está pidiendo precisamente eso: evidencia técnica, recursos suficientes y disciplina presupuestal para que el derecho a la salud no quede sometido al vaivén fiscal. El costo de la improvisación siempre lo termina pagando el afiliado, el prestador y, al final, el contribuyente.
