El Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, incluye un recorte fuerte en los subsidios dirigidos a la población vulnerable. Los diez rubros comparados pasan de $22 billones en 2026 a $13 billones en 2027, una reducción de $9 billones.
La caída equivale a 40% en términos corrientes y 37% en pesos constantes. Aunque el presupuesto total asciende a $634,9 billones, la distribución de las partidas sigue en discusión, pese a que el Congreso ya aprobó en primer debate el monto global.
La reducción es la mayor registrada en los últimos cuatro años con datos comparables y se concentra sobre todo en energía, transferencias monetarias y vivienda. El documento de regionalización del Departamento Nacional de Planeación señala que se mantiene el valor de las transferencias dirigidas a las poblaciones más vulnerables, pero con una bolsa 40% menor eso implica atender a menos hogares.
El subsidio para reducir las tarifas de energía en los hogares de menores ingresos es el que más disminuye. Los recursos pasan de $6 billones en 2026 a poco más de $1 billón en 2027, una baja cercana a tres cuartas partes. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió que las tarifas podrían aumentar si las condiciones del sector continúan deteriorándose.
También cae con fuerza la bolsa de transferencias monetarias administradas por Prosperidad Social, que pasa de $9 billones a $7 billones. Allí están programas como Renta Ciudadana, devolución del IVA, Renta Joven y Colombia Mayor. Una proposición presentada por la congresista Sara Castellanos alertó sobre el riesgo de que los recursos no alcancen para financiar todos los ciclos previstos.
Según la información citada por La Silla Vacía, la asignación inicial permitiría financiar 3,5 de los 12 ciclos de Colombia Mayor; Renta Ciudadana cubriría la línea de Valoración del Cuidado para 410.000 hogares durante cinco ciclos; la devolución del IVA llegaría a 700.000 hogares durante seis ciclos, y Renta Joven tendría recursos para uno de los seis ciclos previstos.
En vivienda, el subsidio familiar baja de $890.000 millones a $80.000 millones. Y el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, Frech, pasa de $750.000 millones a cero.
El proyecto para 2027 contempla apenas 32% de los recursos solicitados por el DNP para subsidios, frente a 109% en 2026. La diferencia refleja un margen fiscal estrecho: la propuesta asigna alrededor de $392,6 billones para funcionamiento, $155,4 billones para servicio de la deuda y $87 billones para inversión.
El mayor peso de la deuda limita el espacio para ampliar la inversión. Además, el ajuste no recae principalmente sobre proyectos respaldados por vigencias futuras o contratos ya adjudicados; los recursos comprometidos incluso aumentan en cerca de $3 billones. La reducción se concentra en la llamada inversión corriente, donde caben proyectos pequeños y subsidios cuya asignación puede reorganizarse cada año.
En la práctica, el recorte obliga a elegir entre alcance y focalización. El Estado puede concentrar más la ayuda, pero con menos dinero disponible la cobertura se encoge. Para los hogares que dependen de estos programas, el resultado no es una abstracción presupuestal: es menos subsidio, menos cupos y más presión sobre el bolsillo.
También hay un mensaje político y fiscal. Cuando la burocracia prioriza el servicio de la deuda y mantiene rígida buena parte del gasto, el ajuste termina cayendo sobre el apoyo directo a los ciudadanos. Capital busca reglas claras, pero también un Estado que no desplace a los más pobres cada vez que se estrecha la caja.
