La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que priorizará la investigación contra Moisés Garvin por un presunto esquema de contratación pública que, según el expediente, habría operado desde 2022 durante el gobierno de Gustavo Petro.
El caso abarca más de 300 contratos por cerca de $2 billones en las sociedades Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam. La SIC sostiene que esas compañías concurrían formalmente como oferentes independientes, pero que la evidencia en poder de la superintendencia apuntaría a una red que favorecía a Garvin, conocido como «El Marqués».
La autoridad busca establecer si las tres firmas coordinaron su participación en procesos de selección para crear una apariencia de pluralidad de propuestas y aumentar sus posibilidades de obtener contratos del Estado. En su pronunciamiento, la SIC afirmó que «su participación conjunta no respondía a una competencia real, sino que buscaba simular pluralidad de oferentes para facilitar la adjudicación de contratos a favor del señor Garvin».
La investigación abrió además un frente administrativo y llevó a la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). La Secretaría de Transparencia también rastrea posibles maniobras de colusión y eventuales operaciones de lavado de activos relacionadas con el grupo empresarial, siempre en etapa de análisis.
Entre los elementos que serán revisados figuran cambios de nombre o razón social, movimientos de directivos entre las sociedades, coincidencias en las juntas directivas y vínculos personales entre integrantes de las organizaciones. La SIC busca determinar si esas firmas respondían a una misma coordinación pese a presentarse como competidoras.
La entidad también incluyó antecedentes disciplinarios de Garvin. De acuerdo con la SIC, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó por irregularidades en la ejecución de contratos estatales, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 14 años.
Garvin rechazó los señalamientos y afirmó que se trata de una persecución política. En febrero de 2025, en una entrevista con la entonces emisora W Radio, negó su participación en las entidades investigadas y dijo que las acusaciones respondían a una persecución vinculada con las aspiraciones presidenciales de Macollins para 2026.
El expediente vuelve a poner en primer plano un problema de fondo: cuando la contratación pública se captura, el costo no lo paga la burocracia, sino el dinero de los contribuyentes y la libre competencia. Si las empresas simulan rivalidad para quedarse con el Estado, el mercado deja de asignar capital por mérito y lo hace por conexiones.
Capital busca reglas claras. Un caso así importa porque castiga la productividad, distorsiona los incentivos y ensancha el riesgo país institucional. La respuesta regulatoria y penal tendrá que ser más que simbólica si la regla que se quiere proteger es simple: competir de verdad, no aparentarlo.
