El problema fiscal de Colombia no está, por ahora, en el tamaño de la deuda, sino en la capacidad del Gobierno para ejecutar el ajuste que requieren las cuentas públicas, según Citi Research. El banco calcula que el endeudamiento ronda el 60 % del PIB, un nivel cercano a la mediana de los países con calificación BB y todavía inferior al de otras economías de la región con mayores problemas fiscales.
La alarma está en el flujo. Citi advierte que el foco de preocupación es el ingreso y el gasto del Gobierno, junto con unas necesidades de financiación que van en aumento. En su lectura, la nueva administración revisó las cuentas para 2027 e incorporó obligaciones que estaban subestimadas o insuficientemente financiadas en salud, pensiones, subsidios, nómina, el FEPC y la reconstrucción posterior al terremoto.
Ese ajuste contable elevó la proyección de déficit fiscal a 9,4 % del PIB para 2027. También disparó las necesidades de financiamiento: pasarían de $130 billones a $266 billones en 2027, de acuerdo con las cifras recogidas por Citi. En paralelo, el Gobierno prepara una ley de rescate económico con la que buscaría generar ahorros por cerca de $40 billones, equivalentes a 2,2 % del PIB, principalmente mediante medidas de gasto.
Si el paquete se aplicara en su totalidad, el déficit podría bajar hacia 7,2 % del PIB, según los cálculos oficiales citados por Citi. Pero el banco subraya que la parte más difícil no es técnica sino política. Congelar partidas o recurrir a decretos puede producir ahorros parciales; un ajuste más profundo requiere negociaciones anuales del presupuesto, modificaciones legales y, sobre todo, aprobación del Congreso.
Citi dice que la incertidumbre restante es si el Congreso apoyará medidas de la magnitud requerida. El banco señala que el Gobierno ya reconoció buena parte de las obligaciones, calculó las necesidades de financiación y presentó un paquete legislativo concentrado en el gasto. Lo que falta es convertir ese diagnóstico en decisiones efectivas.
El propio informe aclara que estas dificultades no deben leerse como una debilidad de las instituciones fiscales. La regla fiscal, el ancla de deuda y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal han ayudado a mantener credibilidad. El problema es que ese mismo marco hace que la corrección sea gradual. Además, el Gobierno ya efectuó una reducción del gasto de $21,9 billones para 2026.
El terremoto añade presión en el corto plazo por los recursos que exigirá la reconstrucción, pero Citi también ve una posible ventana para repriorizar el gasto y discutir reformas fiscales que antes enfrentaban más resistencia. En la práctica, el riesgo es que el déficit siga alimentando la deuda mientras el ajuste queda atrapado en el trámite político.
Para Colombia, el punto de fondo es claro: no falta diagnóstico, falta capacidad de ejecución. Cuando el Estado reconoce obligaciones, promete ahorros y aun así depende del Congreso para ordenar el gasto, el mercado mira una sola cosa: si las reglas fiscales alcanzan o si la burocracia política termina imponiéndose sobre el equilibrio de las cuentas públicas.
