Las comisiones unidas de Economía y Estudios Legislativos, Primera, del Senado pospusieron hasta nuevo aviso la sesión en la que se discutiría y votaría el dictamen de la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Inversión Extranjera.
La decisión llegó ante la falta de acuerdos. En paralelo, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, resumió la principal inconformidad de la oposición: la propuesta «trata de poner en manos de los militares la (revisión de la) inversión extranjera».
Barrales dijo que es inaceptable abrirles a los militares un espacio en la Ley de Inversión Extranjera para que tengan derecho a voz y voto «en prácticamente todos los temas que lleguen a buscar la inversión en la extranjera». También sostuvo que en materias de seguridad puede haber participación, pero solo en casos muy específicos y después de determinar un grado de riesgo.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla, entre otros objetivos, incorporar a mandos de seguridad, Fuerzas Armadas, al SAT y a la FGR en la evaluación y contención de riesgos a la seguridad nacional ante la llegada de capital foráneo.
El trasfondo es claro: el gobierno quiere ampliar la mano del aparato estatal sobre el flujo de capital, justo en una ley que toca una variable sensible para la productividad y el retorno esperado de los inversionistas. Cuando las reglas se vuelven más amplias y más discrecionales, el mercado suele pedir más prima de riesgo.
La pausa legislativa no resuelve el fondo, pero sí manda una señal. Si el Senado termina validando una presencia permanente de las Fuerzas Armadas en decisiones sobre inversión extranjera, el costo no solo será político. También puede ser un mensaje incómodo para la libre empresa: más revisión, más intervención y menos claridad para quien evalúa poner dinero en el país.
Capital busca reglas claras. En esa materia, la certeza jurídica vale tanto como cualquier incentivo. El mercado ya votó muchas veces sobre eso: cuando percibe arbitrariedad o una frontera borrosa entre seguridad y decisiones económicas, el flujo se enfría. Y el que termina pagando la factura no es el inversionista, sino el crecimiento que México necesita sostener.
