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Bolivia elimina la subvención al diésel y libera US$55 millones por semana para ajustar las cuentas

Rodrigo Paz recortó el subsidio tras el visto bueno del Congreso a un crédito del FMI por US$1.900 millones. El giro busca frenar el contrabando, asegurar suministro y abrir espacio fiscal, aunque ya enfrenta rechazo en sectores productivos y de transporte.
Imagen generada con IA
sábado 19 de septiembre de 2026

Bolivia anunció la eliminación de toda subvención al diésel después de que el Congreso aprobara un crédito del Fondo Monetario Internacional por US$1.900 millones para estabilizar la economía.

El presidente Rodrigo Paz dijo que el diésel pasará a costar lo mismo que cuesta comprarlo afuera. «No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben», afirmó en un mensaje grabado emitido por televisión nacional.

Paz se había comprometido ante el organismo multilateral a terminar con el subsidio a los combustibles y reducir el déficit fiscal para acceder al financiamiento. También prometió garantizar un tipo de cambio flexible y bajar el gasto corriente.

El mandatario sostuvo que la subvención, principalmente al diésel, le cuesta al Estado unos US$55 millones por semana. Según dijo, esa política también alienta el contrabando porque los precios en los países vecinos son superiores.

El cambio llega después de una crisis de combustible y dólares que el propio Paz atribuyó a sus antecesores Evo Morales y Luis Arce. Al asumir el poder en noviembre pasado, adoptó medidas urgentes para enfrentar la falta de divisas. El precio del litro de gasolina y diésel se duplicó en diciembre de 2025. En el caso del diésel, volvió a subir en agosto otro 100%, hasta llegar a 18 bolivianos, cerca de dos dólares.

El Gobierno había anunciado en enero que abandonaría el sistema de subsidios a los carburantes vigente desde 2005. La eliminación comenzó ahora con el diésel, mientras aún resta una decisión sobre la gasolina.

Paz también anunció medidas de corte social para aliviar el impacto en los sectores más vulnerables. Entre ellas, informó que 2,9 millones de personas recibirán un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad, y que se destinarán 800 millones de bolivianos, equivalentes a US$81,6 millones, en créditos preferenciales para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y comerciantes minoristas.

Además, el gobierno espera que el directorio del FMI ratifique el crédito el 2 de octubre y que días después se realice un primer desembolso de unos US$250 millones, según Óscar Navarro, viceministro de Tesoro. También busca que el acuerdo facilite nuevos financiamientos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales por unos US$5.000 millones.

Varios sectores productivos, de campesinos y choferes rechazaron de manera anticipada la medida y anunciaron protestas para exigir que se mantenga algún tipo de subvención.

Los números primero. La decisión de Paz apunta a ordenar el flujo fiscal y a cortar una transferencia que drenaba dinero de los contribuyentes cada semana. En una economía bajo presión, la señal es clara: menos subsidio, más disciplina y más reglas para que el capital encuentre previsibilidad.

El mercado ya votó. Si el ajuste logra estabilizar el abastecimiento, cerrar la fuga por contrabando y abrir el acceso a financiamiento externo, el beneficio irá para la inversión y la producción. Si el Estado cede menos a la inercia del gasto corriente, Bolivia gana margen para reconstruir credibilidad. Capital busca reglas claras.

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