Entre 2010 y 2022, la proporción de hogares en la Argentina expuestos a un riesgo elevado de sufrir hambre e inseguridad alimentaria severa pasó del 7,9% al 9,5%, un salto de 1,55 puntos porcentuales, según una investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Al considerar el crecimiento poblacional, la cantidad de hogares en esa situación crítica subió de 961.562 a más de 1.513.000, es decir, 550.000 más en doce años.
Agustín Salvia, director del ODSA y coordinador del estudio, advirtió a LA NACION que cerca de uno de cada diez hogares argentinos experimenta privaciones severas para acceder a alimentos básicos, en línea con el indicador de indigencia reportado por el Indec. El informe articula la Encuesta de la Deuda Social Argentina con los censos nacionales de 2010 y 2022 para georreferenciar el riesgo alimentario en provincias, departamentos y municipios.
El punto central de la investigación no es solo la magnitud del deterioro, sino su causa. Salvia sostuvo que el aumento responde a un deterioro estructural: «Las provincias con mayores índices muestran una pobreza estructural y crónica». Añadió que esa situación se debe «fundamentalmente» a que la vida económica de las familias se desarrolla en contextos de alta informalidad, precariedad laboral y actividades de muy baja productividad.
El trabajo muestra, además, que el fenómeno ocurre a pesar de una expansión histórica de la ayuda social. Durante las últimas dos décadas, los programas de asistencia directa y transferencias de ingresos crecieron hasta cubrir al 38,1% de los hogares en 2025, frente al 24,4% en 2010, y hasta el 48% del financiamiento de la canasta básica alimentaria de una familia tipo. Salvia dijo que esa contención estatal amortiguó la indigencia en regiones como el noreste y el noroeste, pero no resolvió el problema de fondo.
El mayor deterioro desde 2010 ocurrió en provincias con más desarrollo económico y perfil productivo. Mendoza casi duplicó la población en riesgo severo, al pasar de 34.880 a 61.464 hogares; Santa Fe subió 63%, de 72.603 a 118.345; y el conurbano bonaerense alcanzó 338.445 hogares afectados. Para explicar esa evolución, Salvia señaló el deterioro de las actividades comerciales y de la construcción.
En áreas integradas, el sociólogo atribuyó el cuadro al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y protección del mercado interno, iniciado entre 2014 y 2015. A eso sumó la crisis de 2018, el impacto de la pandemia, la alta inflación y los ajustes recientes. La caída de la industria, el comercio y la construcción empujó a miles de trabajadores formales hacia la informalidad, las changas y la «uberización» laboral.
En salud, Salvia remarcó que el problema no suele traducirse en desnutrición aguda o mortalidad infantil masiva, gracias a la red de contención sanitaria. Pero sí en una malnutrición estructural con «obesidad, problemas alimentarios y un desarrollo más débil de las capacidades neuronales, fisiológicas y físicas», con efectos especialmente visibles entre niños y adolescentes.
La lectura de fondo es incómoda para cualquier gobierno: más transferencias no alcanzan si la economía no genera productividad, empleo formal e inversión. El Estado puede contener, pero no reemplazar al mercado ni crear por sí solo las actividades que sacan a los hogares de la vulnerabilidad.
Capital busca reglas claras. Cuando la informalidad se vuelve la norma, el costo termina pagándolo la familia, no la burocracia. La salida, como muestra este informe, pasa por ampliar la base productiva y dejar de castigar la generación genuina de ingresos.
