La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que su gobierno no aumentará impuestos y, en sentido estrictamente formal, puede sostenerlo: el paquete fiscal para 2027 no crea nuevos gravámenes generales ni incrementa las tasas del ISR, IVA o IEPS.
Pero el propio contenido fiscal apunta en otra dirección. Para millones de contribuyentes y empresas, el golpe llegará por la vía de derechos más altos, menos deducciones, más retenciones y mayor fiscalización.
La reforma al ISR aprobada por los diputados endurece reglas para empresas de mayores ingresos, limita la amortización de pérdidas fiscales y reduce el margen para deducir intereses. También fija retenciones sobre ingresos brutos de 2.1 por ciento para plataformas de transporte y reparto y de 2.5 por ciento para operaciones de comercio electrónico.
A ello se suman los incrementos en la Ley Federal de Derechos, que terminarán repercutiendo en distintos servicios y actividades. En los hechos, la estrategia del gobierno consiste en cobrar más por otras vías, restringir beneficios fiscales y exigir más al aparato recaudatorio.
La Ley de Ingresos de la Federación para 2027 contempla recursos por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos. De esa cifra, aproximadamente 1.48 billones corresponden a ingresos derivados de financiamientos. Además, se autorizó al gobierno federal un endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos y deuda externa de hasta 13 mil 500 millones de dólares.
Eso deja claro que el presupuesto depende de una porción importante de recursos financiados para cerrar sus cuentas. También exhibe el tamaño de las obligaciones que arrastra el sector público: pensiones, programas sociales, servicio de la deuda, transferencias a Pemex, operación de obras heredadas y un aparato público que demanda recursos crecientes.
Cuando los ingresos ordinarios no alcanzan, solo quedan unas cuantas salidas: gastar menos, recaudar más, crecer más o endeudarse. La administración de Sheinbaum está apostando sobre todo por las últimas dos: cobrar mejor y recurrir al financiamiento.
El problema es que el crecimiento sigue siendo la salida más saludable. Una economía dinámica genera empresas, empleos, inversión y más contribuyentes. Sin embargo, el propio diagnóstico del artículo citado es duro: México no crecería más de 1 por ciento del PIB durante todo lo que resta del sexenio.
Sin una aceleración sustancial de la economía, las presiones fiscales serán cada vez mayores. Y la cuenta, como siempre, cae sobre contribuyentes formales y deuda pública.
Lo que la autoridad presenta como eficiencia recaudatoria termina pareciendo otra cosa: una mayor carga para quienes ya cumplen y una presión adicional sobre la capitalización privada. Cuando suben derechos, bajan deducciones o se encarecen trámites y servicios, el costo no desaparece; se traslada.
La discusión fiscal seria no puede limitarse a repetir que no subieron los impuestos. Capital busca reglas claras, gasto más productivo y un Estado de derecho que proteja la inversión. Sin eso, el Estado seguirá exprimiendo al sector formal mientras la deuda gana terreno y el riesgo país fiscal se deteriora.
