El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, llamó al gobierno de José Antonio Kast a reconsiderar la reducción de recursos para las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) contemplada en la Ley de Presupuestos 2027.
La advertencia apunta a un ajuste que, según la propuesta del Ejecutivo ingresada al Congreso, implicaría una baja de $1.112 millones, equivalente a un 8% nominal. Los fondos para el programa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que solventa las acciones de las OMIL, pasarían de $13.972 millones en 2026 a $12.860 millones en 2027.
Iglesias sostuvo que esta reducción golpeará directamente a las personas que buscan empleo. En sus palabras, las OMIL «existe precisamente para ayudar a las personas a encontrar trabajo» y, si hay más personas buscando empleo, se necesita «más capacidad de intermediación laboral».
El jefe comunal también destacó que estas oficinas no solo publican ofertas. Según explicó, entregan orientación y acompañamiento, ayudan con currículums, preparan para entrevistas, vinculan a trabajadores con empresas y canalizan oportunidades de capacitación. En un escenario de desempleo, ese trabajo de intermediación se vuelve más relevante, porque la fricción entre oferta y demanda de trabajo no desaparece por decreto.
«En los municipios conocemos la realidad de las familias y sabemos lo que significa para una persona estar meses buscando trabajo», dijo Iglesias. Añadió que para muchos vecinos la OMIL es «la puerta de entrada a una oportunidad laboral» y advirtió que debilitar esa red significa quitar capacidad donde el Estado, a su juicio, debe estar más presente.
El mensaje político y económico es claro: cuando el empleo aprieta, recortar una herramienta de colocación laboral no parece una señal de eficiencia, sino de desalineación con la urgencia social. El dinero de los contribuyentes destinado a intermediación laboral no resuelve por sí solo la crisis de empleo, pero sí sostiene una red que conecta personas con oportunidades reales.
Capital busca reglas claras. Si el objetivo es aumentar productividad y mejorar el flujo hacia empleos formales, la discusión no debiera pasar solo por el tamaño del gasto, sino por qué funciones del aparato estatal agregan valor y cuáles dejan a los municipios con menos margen para responder. En este caso, la señal del recorte va en sentido contrario a la necesidad de más inserción laboral, no menos.
