Las encuestas de opinión sobre el gobierno de José Raúl Mulino muestran calificaciones bajas. Pero los indicadores estructurales de Panamá apuntan en otra dirección.
El desempleo ronda el 10% de una fuerza laboral de 2 millones de personas, lo que equivale a unos 200,000 panameños sin trabajo. Sin embargo, el mercado reporta cerca de 100,000 vacantes que no se pueden llenar porque los candidatos no reúnen los requisitos. En muchos casos, la habilidad faltante es tan básica como el dominio del inglés. El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el ITSE ofrecen programas de capacitación disponibles para esa población.
En infraestructura, el Estado avanza en la definición de concesiones para dos nuevos puertos. La Autoridad del Canal gestiona el proyecto de Río Indio. A finales de julio se recibirán propuestas para precalificar empresas para un gasoducto. El tren a David, iniciado en esta administración, se proyecta como obra emblemática del próximo gobierno. La construcción de vivienda multifamiliar muestra actividad notable en zonas como Santa María y Costa del Este.
En materia institucional, el contralor ha realizado auditorías que destaparon irregularidades en el programa de descentralización y en los aportes de Panamá Ports al Estado. El procurador y sus fiscales registran detenciones con regularidad. Son señales de funcionamiento institucional cuando existe voluntad política.
La operación de Minera Panamá genera, directa e indirectamente, unos 50,000 empleos. La pobreza general afecta al 16% de la población y la pobreza extrema al 7%. Panamá tiene la tercera clase media más grande de América Latina, detrás de Chile y Uruguay, representando cerca del 60% de la población. El sector más vulnerable son las comarcas indígenas: más de 700,000 personas, el 17% de la población nacional, que habitan sobre 15,000 km² del territorio.
El debate minero sigue abierto. Yacimientos como Cerro Colorado representan un potencial que la moratoria minera vigente mantiene fuera del mercado. El cobre, commodity central de la transición energética global, podría ser el vector de un crecimiento acelerado si se resuelve el marco jurídico que hoy lo frena.
La lectura de Ágora Capital: Panamá ilustra con claridad la diferencia entre percepción y fundamentos. Una clase media del 60%, instituciones que auditan y vacantes sin cubrir por falta de calificación no son síntomas de un país en colapso, sino de uno que crece más rápido que su capital humano. El verdadero cuello de botella no es el Estado: es la brecha entre la oferta de oportunidades y la disposición a capitalizarlas. Capital busca reglas claras, y Panamá —con concesiones portuarias, gasoducto y Canal activo— las está construyendo. El potencial minero, bloqueado por una moratoria cuya constitucionalidad está en disputa, representa la diferencia entre un crecimiento sólido y uno transformador. El mercado ya votó: la inversión en infraestructura y vivienda no espera al consenso político.