Panamá sigue en el radar del capital extranjero por razones concretas. El informe sobre clima de inversión publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en septiembre de 2026 destaca la posición geográfica del país, su economía dolarizada y el Canal de Panamá como ventajas competitivas. También subraya una trayectoria de crecimiento relativamente fuerte.
La señal de mercado es clara. Estados Unidos identifica a Panamá como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa de Centroamérica. La inversión directa estadounidense alcanzó $5,200 millones al cierre de 2024, de acuerdo con cifras incorporadas al informe.
Pero el mismo documento pone límites a ese optimismo. La corrupción, la limitada transparencia, las debilidades del sistema judicial y los atrasos en pagos siguen complicando las operaciones de empresas internacionales. Washington también advierte sobre presiones fiscales y problemas de gobernanza que generan incertidumbre para quienes evalúan colocar capital en el país.
El frente más sensible es la justicia. El reporte sostiene que las disputas comerciales pueden convertirse en procesos largos y complejos. Algunas compañías estadounidenses han reportado tratamientos inconsistentes, injustos o sesgados en tribunales panameños. Además, la falta de tecnología y de experiencia comercial especializada afecta la atención de controversias contractuales y patrimoniales.
Esa fricción institucional tiene un costo directo. Cuando los litigios se alargan, los inversionistas recurren con frecuencia a mecanismos de mediación o arbitraje. En paralelo, persisten denuncias sobre sesgo judicial, regulaciones inconsistentes y demoras en los procesos.
La corrupción ocupa otro lugar central. El Departamento de Estado sostiene que continúa siendo un desafío significativo para Panamá. Inversionistas estadounidenses reportan irregularidades tanto en el sector público como privado. También mencionan presuntos sobornos, contratos inflados y falta de transparencia en permisos, propiedades y compras gubernamentales.
El informe añade que, aunque Panamá aprobó reformas para modernizar la contratación pública, la aplicación de los mecanismos de control sigue siendo inconsistente. También señala debilidades institucionales para garantizar rendición de cuentas y vulnerabilidades frente a interferencias políticas en el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
Aun así, Panamá conserva activos relevantes para el mercado. El Departamento de Estado afirma que la legislación concede un trato similar a compañías nacionales y extranjeras. También reconoce regímenes especiales para sedes de multinacionales, manufactura, turismo y zonas económicas, además de incentivos para determinadas actividades. La Zona Libre de Colón alberga más de 2,800 empresas y Panamá Pacífico supera las 350 compañías instaladas.
En lo financiero, Washington destaca avances. Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en 2023 y luego fue retirado de la relación europea de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado. Pero persisten cuestionamientos europeos relacionados con transparencia e intercambio de información tributaria.
El mensaje de fondo es incómodo para cualquier economía que quiera competir por capital. Panamá tiene atributos claros. Pero mientras la burocracia judicial, la opacidad y la debilidad institucional sigan elevando el riesgo país, el retorno potencial deberá compensar un entorno que sigue pidiendo reglas más claras.
Capital busca reglas claras. Cuando la justicia tarda, la inversión pierde productividad. Y cuando la corrupción contamina los permisos, los contratos y las compras públicas, el costo termina cayendo sobre el contribuyente y sobre la libre empresa. El mercado ya votó por Panamá. Ahora el Estado debe demostrar que puede proteger ese flujo de capital con instituciones que funcionen.