La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó en la Conferencia Mañanera el informe de avances del sector energético nacional en el marco del Segundo Informe de Gobierno y resaltó una inversión histórica de 1 billón 168 mil 710 millones de pesos al 2030 en proyectos eléctricos y de gasoductos.
Detalló que se destinan 794 mil 109 millones de pesos a generación, 161 mil 226 millones a transmisión y 72 mil 470 millones a distribución. El objetivo, dijo, es modernizar y expandir la infraestructura eléctrica para garantizar energía a todas y todos los mexicanos.
González Escobar añadió que la cobertura eléctrica en el país ya alcanza 99.88 por ciento de los hogares. En gasoductos, señaló que el programa de inversiones contempla 53 mil millones de pesos por parte de la Comisión Federal de Electricidad y 87 mil millones del Centro Nacional de Control del Gas Natural.
«Los resultados obtenidos a la fecha confirman que México va en la ruta correcta para fortalecer y ampliar el Sistema Eléctrico Nacional», aseguró.
La funcionaria sostuvo que este gobierno corrigió la pérdida gradual de la participación del Estado en la generación eléctrica a lo largo de varias décadas. También afirmó que la electricidad «no es un recurso común» y que «no puede dejarse libremente al mercado o a intereses internacionales».
Agregó que las inversiones permitirán que, al menos, 60 por ciento de la generación esté en manos públicas al 2030. Además, dijo que se prevé incorporar 32,000 megawatts de nueva capacidad de manera sustentable y subir la meta de transición energética del 24 por ciento al 38 por ciento.
Entre los asistentes estuvieron la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor; el subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Islas Samperio; el subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto; el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro; el director general de la Comisión Nacional de Energía, Juan Carlos Solís Ávila; y el director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cuitláhuac García.
El dato político de fondo es claro: el gobierno está empujando más capital público y más control estatal sobre un sector que considera estratégico. Para el contribuyente, la apuesta implica una factura enorme y una definición de mercado menos libre; para el aparato público, en cambio, significa recuperar margen de maniobra sobre electricidad y gas.
Capital busca reglas claras. Si la inversión anunciada se traduce en más capacidad, cobertura y transmisión, el beneficio será medible. Pero el mensaje central no es solo técnico: es una señal de que la administración prefiere soberanía energética antes que dejar que el flujo de capital privado marque el ritmo del sector.