Bernardo Larraín Matte volvió a poner el foco en los permisos ambientales y en sus efectos sobre la inversión. En conversación con el programa Money Talks, de La Tercera, dijo que Chile no ha avanzado en una institucionalidad que permita plazos más cortos y más claros para los proyectos.
«Sobre todo en el tema de permisos, no hay una gran reforma. No la hay. Eso es un hecho objetivo», afirmó el presidente de Empresas CMPC, quien ha apoyado la megarreforma y el proyecto de reforma al mercado de capitales, pero considera que no bastan para empujar las inversiones.
Larraín Matte sostuvo que la complejidad del sistema de aprobación deja «rendijas por donde se cuela la judicialización» y termina frenando o inhibiendo iniciativas. Según su diagnóstico, cada vez que se solicitan «dos mil observaciones» aparecen «dos mil posibles causas para judicializar».
Para ilustrar el punto, comparó los tiempos de proyectos de la misma industria forestal. Dijo que Arauco tardará solo 18 meses en poner en marcha su proyecto Sucuriú, en Brasil, por US$ 4.600 millones, mientras que en Chile el proyecto MAPA habría tomado siete años.
También mencionó el proyecto minero El Abra, de Freeport y Codelco, que —según dijo— acumula 2.000 observaciones sin priorización ni jerarquización. A su juicio, eso obliga a las empresas a destinar meses a responder requerimientos técnicos en un contexto de debilidad económica y «plena crisis» de empleo.
Otro ejemplo que puso sobre la mesa fue el proyecto eléctrico binacional Los Cóndores – Río Diamante, de US$36 millones, cuyo rechazo posterior al informe favorable del servicio de evaluación ambiental mostró, según relató, la falta de certeza del sistema. Mencionó además la cárcel de Copiapó, detenida por el riesgo para una especie de lagartija y cactus.
Larraín Matte añadió que Chile tiene una oportunidad para atraer inversiones ligadas al boom de la inteligencia artificial, especialmente por su potencial energético para grandes data centers. Según explicó, empresas como Google pedirían tres años entre el ingreso y el inicio de operación, incluidos permisos, pero sostuvo que hoy eso sería imposible de ofrecer en Chile.
El empresario remarcó que reducir los plazos de aprobación en 30% sería «totalmente insuficiente» si el objetivo es volver competitivo al país para este tipo de inversiones.