Desde la asunción de Javier Milei, la cantidad de empleadores habría descendido de 512.357 a 481.015, mientras el empleo registrado habría bajado de 9.857.173 trabajadores a 9.423.047. En paralelo, aumentó el empleo por cuenta propia e informal hasta compensar esa caída.
Ese es el dato duro que atraviesa el debate: una parte del mercado laboral se achica en el segmento formal y otra se desplaza hacia formas más flexibles o precarias de ocupación. La discusión, sin embargo, no puede quedarse en la foto de corto plazo. La propia fuente editorial plantea que la tensión entre provincias exportadoras, conurbanos industriales y salarios presionados viene de un esquema productivo que ya estaba agotado.
El planteo es claro: la economía argentina arrastra costos laborales altos, presión fiscal en los tres niveles, falta de crédito e infraestructura obsoleta. A eso se suman, según el texto, la industria del juicio, la superpoblación de empleados públicos en provincias y municipios, el desequilibrio previsional, los subsidios energéticos, los déficits de empresas estatales y montos desviados por corrupción.
En ese contexto, el crecimiento del cuentapropismo y del trabajo informal no aparece como una señal de dinamismo sano, sino como una válvula de escape de un sistema que no logra absorber empleo formal. El mercado ya votó con los hechos: cuando la contratación regular se encarece y la moneda pierde credibilidad, el capital busca refugio, el riesgo país sube y la productividad queda rezagada.
La lectura de fondo también apunta al fracaso de décadas de intervencionismo. El texto afirma que durante 80 años la Argentina mantuvo una estructura productiva aislada del mundo exterior y ajena a la evolución tecnológica, con proteccionismo, controles de precios, cepo cambiario, prohibición de exportaciones y emisión monetaria para ocultar el desajuste.
Ahí está el punto central para cualquier recuperación: sin moneda, no crecen el ahorro, el crédito ni el mercado de capitales. Y sin esas bases, la inversión privada no encuentra un marco estable para ampliar capacidad, contratar gente y mejorar salarios reales.
El gobierno actual aparece, así, frente a una tarea que excede la contabilidad fiscal. Puede ordenar las cuentas, pero no alcanza si provincias, municipios, sindicatos y el aparato estatal siguen defendiendo privilegios, tasas y subsidios que terminan castigando al contribuyente y frenando la capitalización productiva.
Los números primero. Si la Argentina quiere revertir esta tendencia, necesita reglas claras, menor presión sobre quien produce y menos obstáculos para el trabajo formal. Capital busca previsibilidad; sin ella, el empleo seguirá refugiándose donde puede y no donde debería crecer.
