A menos de dos meses de posesionado, el gobierno de Abelardo De La Espriella reportó una nueva cuenta pendiente heredada de la administración de Gustavo Petro. La ministra de Cultura, Paola Holguín, dijo que el Ministerio arrastra una deuda de $ 185.482 millones, con corte a agosto de 2026, y que de ese monto $ 75.436 millones corresponden a un saldo pendiente con los ganadores de convocatorias públicas.
Holguín señaló que, desde febrero, cuando se abrieron las convocatorias, el gobierno Petro empezó a girar menos de lo presupuestado. Añadió que el pasado 14 de septiembre, gracias a un esfuerzo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liberaron $ 40.000 millones para adelantar un primer pago a artistas, gestores y organizaciones afectadas.
La ministra también afirmó que el gobierno Petro abrió la convocatoria del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos 2026, que hace parte del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas y Culturales (Sinac), el 26 de febrero de 2026, mediante la Resolución 0296. En su versión, esa administración no dejó asegurados los recursos y habría violado la ley y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que prohíbe asumir o reconocer compromisos financieros sin respaldo efectivo en el Plan Anual Mensualizado de Caja, o PAC.
Por esa razón, dijo Holguín, el Ministerio se vio obligado a suspender la evaluación y la resolución mencionada, debido a que no están disponibles los $ 874 millones para el pago de los jurados ni los $ 9.000 millones que correspondían a los estímulos. También sostuvo que no usará la estrategia de expedir actos administrativos que otorguen estímulos sin contar con el flujo de caja necesario para realizar los pagos.
«Eso es engañar a artistas, creadores y gestores», dijo la ministra, al insistir en que la prioridad ahora es ordenar los compromisos existentes y evitar que la falta de caja termine trasladando la factura a quienes participaron en las convocatorias.
En el fondo, el episodio deja una lección incómoda para cualquier administración: no basta con anunciar programas si el dinero no está. Cuando el aparato estatal promete más de lo que puede pagar, la confianza se erosiona y el costo termina cayendo sobre los contribuyentes y sobre quienes dependen de reglas claras para invertir su tiempo y su trabajo.
El mercado de la gestión pública también vota. Y vota contra la improvisación. Si el nuevo gobierno quiere recuperar credibilidad, tendrá que privilegiar caja, presupuesto y cumplimiento antes que la retórica. Sin eso, la cultura no recibe un impulso: recibe una deuda.