Bajo el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, Sonora se ha colocado como líder en la transición energética con la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco, uno de los proyectos impulsados a través del Plan Sonora de Energías Sostenibles.
La obra tiene una inversión total de mil 685 millones de dólares y, al concluir sus cuatro etapas, alcanzará una capacidad instalada de un gigawatt de energía limpia. Hoy, las primeras dos etapas operan al 100 por ciento de su capacidad y aportan una generación conjunta de 420 megawatts: 120 megawatts en la primera etapa y 300 megawatts en la segunda.
De acuerdo con la información difundida, esa capacidad sería suficiente para abastecer de electricidad a más de la mitad de la población de Sonora. La planta se presenta como una pieza para fortalecer la seguridad energética del estado y aprovechar su potencial solar.
Además, a través de la CFE se construyeron en San Luis Río Colorado dos centrales de ciclo combinado; la primera de ellas con una inversión de 20 mil millones de pesos. Según el mismo reporte, esas plantas hicieron de Sonora un estado superavitario en electricidad y permiten una tarifa altamente subsidiada para las familias sonorenses.
En ese frente, el contraste entre periodos también queda marcado: en el sexenio anterior se destinaron 2,700 millones de pesos, mientras que en cinco años se han invertido más de 9,100 millones. El beneficio, añade la información, representa un ahorro promedio de 41 por ciento para cada usuario.
El saldo político y económico es claro: Sonora está apostando por infraestructura energética de gran escala, con dinero público y con una lógica de subsidio que alivia el recibo de luz, pero que también exige disciplina para que el costo no termine diluyéndose en burocracia o en proyectos sin retorno suficiente.
Capital busca reglas claras. Si la transición energética quiere sostenerse, deberá hacerlo con productividad, seguridad de suministro y cuentas públicas transparentes. La inversión en generación limpia puede elevar la competitividad del estado; el reto es que el aparato estatal no convierta una ventaja solar en otra carga permanente para los contribuyentes.