El Gobierno de Colombia salió a defender un presupuesto que, según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, busca «adelgazar el Estado» y corregir unas cuentas públicas deterioradas. La apuesta oficial incluye una reducción de gastos por más de $21 billones, una revisión de transferencias y una ley de rescate con cambios tributarios para estimular el crecimiento.
Gómez Martínez dijo que el próximo año el Estado necesita conseguir $150 billones en moneda local y $88 billones en crédito externo. En su lectura, eso obliga al sector público a ir al ahorro nacional y a absorber recursos que, de otro modo, irían a empresas y consumidores. «Todo ese dinero va para el Estado», afirmó, al advertir que ese drenaje presiona al alza las tasas de interés.
Las cifras que expuso el ministro dibujan un cuadro fiscal de alta rigidez. La deuda neta llegaría a 67,3% del PIB el próximo año, mientras el déficit fiscal se proyecta en 9,4% del PIB. Además, el servicio de la deuda pasaría de alrededor de $100 billones a $155 billones, mientras el recaudo bajaría de $322 billones a $299 billones dentro del nuevo marco presupuestal.
El funcionario también insistió en que el presupuesto anterior estaba desfinanciado en $30 billones y que, tras revisar el proyecto en detalle, encontraron otros $30 billones faltantes en salud, pensiones, subsidios eléctricos y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc. Por eso el Gobierno bautizó el plan como el «presupuesto de la verdad» frente al «presupuesto de la mentira».
En materia tributaria, Gómez Martínez sostuvo que el sistema es demasiado rígido y que 19 impuestos nacionales terminan concentrando 95% de los ingresos del Estado en solo cuatro tributos: renta, IVA, impuestos al comercio exterior y el 4 x 1.000. Según dijo, otros 15 impuestos pequeños desvían la atención de la Dian, no producen mucho y se vuelven obstáculos para el crecimiento.
También dejó abierta la puerta a reducir gradualmente el 4 x 1.000 en una futura ley de rescate, aunque advirtió que no puede eliminarse de inmediato. Y descartó, por ahora, la sobretasa y el impuesto al patrimonio incluidos en la reforma económica del año pasado.
El ángulo de fondo es claro: cuando el aparato estatal se financia con más deuda y más absorción del ahorro interno, la economía productiva pierde espacio. Menos capital disponible para inversión significa menos productividad, menor flujo hacia empresas y más presión sobre el costo del crédito.
Capital busca reglas claras. Si el ajuste prometido se traduce en menor gasto y menos distorsiones tributarias, el mercado puede volver a ponerle precio al riesgo país con algo más de confianza. Si no, el Estado seguirá compitiendo contra el sector privado por el mismo dinero, con el contribuyente pagando la cuenta.
