Bernardo Arévalo pidió acelerar la entrada en vigor del Decreto 21-2026 para fijar precios máximos a los combustibles en Guatemala. La solicitud llegó tras una escalada que llevó el galón de diésel cerca de los Q50, equivalente a USD 6.49, con un impacto que el Gobierno vincula al costo de los alimentos y a la economía de los hogares.
La norma fue aprobada por el Congreso el 8 de septiembre con carácter de urgencia nacional. Pero aún no llega al Ejecutivo porque el diputado opositor de Vamos Allan Rodríguez presentó cuatro objeciones. La discusión deberá volver al pleno el 22 de septiembre.
En su conferencia La Ronda, realizada el miércoles 16 de septiembre en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo sostuvo que el Ejecutivo debe actuar ante circunstancias internacionales que afectan al país. Señaló dos riesgos inmediatos: el encarecimiento de los hidrocarburos y la reducción de las lluvias.
El Decreto 21-2026 establece un tope de Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 para la gasolina superior, hasta el 31 de diciembre. El presidente afirmó que la alternativa permitiría contener de inmediato el golpe sobre los consumidores, aunque no resolvería de forma permanente la crisis de precios.
«Son casi Q50 el galón, lo que afecta a todos y tiene efecto en la economía. No tenemos por qué seguir en ese marco», dijo Arévalo. También indicó que, cuando el Congreso envíe la normativa, podrá sancionarla y activar el nuevo esquema de precios.
El mandatario explicó que el mecanismo mantendría el precio tope aun si las cotizaciones internacionales siguieran subiendo en los próximos días o semanas. Si el valor de mercado cayera por debajo del tope, el consumidor pagaría automáticamente el precio menor.
El Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor deberán verificar que las estaciones de servicio apliquen los precios fijados y evitar cobros abusivos. La medida aprobada también contempla un fondo de compensación, aunque su aplicación sigue detenida por las objeciones legislativas.
Juan Carlos Rivera, primer secretario del Legislativo, aseguró que la Junta Directiva conoció las objeciones y detectó un error al citar el número del decreto. A su criterio, deberían ser rechazadas. Dijo además que los abogados del Congreso analizan los pasos a seguir.
Si la mayoría de la Junta Directiva rechaza las objeciones por ese error, la ley sería enviada de inmediato al Ejecutivo para su veto o sanción. Si se aceptan, deberán conocerse en el pleno hasta la próxima semana. Rivera también planteó la posibilidad de discutirlas mañana jueves 17 de septiembre, solo si hay 107 diputados o más para alterar el orden del día y suspender la interpelación al ministro de Agricultura, Abelardo Pinto.
Mientras tanto, la Comisión de Comunicaciones emitió dictamen favorable para otra iniciativa de ley de apoyo temporal al consumo del combustible. La propuesta busca eliminar de forma temporal impuestos y tendría vigencia por seis meses, entre el 15 de octubre de 2026 y el 15 de abril de 2027.
Plantea suspender el 100% del Impuesto a la Distribución del Petróleo para diésel y gasolinas regular y superior, además de eximir el 65% del Impuesto al Valor Agregado en la venta final al consumidor. El apoyo equivaldría a Q12 por galón de diésel y Q10 por cada galón de gasolina.
Los precios de referencia serían de Q35 para el diésel, Q34,50 para la gasolina regular y Q36 para la gasolina superior. La diferencia entre las exenciones tributarias y el monto necesario para alcanzar esos niveles sería cubierta con un aporte extraordinario del Estado, con un techo de Q2 mil millones.
Ese aporte se financiaría con saldos no comprometidos ni devengados de los ministerios durante 2026. El Ministerio de Finanzas Públicas podría hacer readecuaciones presupuestarias sin afectar asignaciones constitucionales, gastos comprometidos ni recurrir a deuda pública.
La discusión en Guatemala ya no es solo por el precio del combustible. También exhibe el costo de una solución que depende del aparato estatal, de más excepciones tributarias y de recursos públicos para sostener un alivio temporal. Capital busca reglas claras, no parches que prolongan la incertidumbre.
Los números primero. Cuando el Estado entra a fijar precios o a compensar la diferencia con dinero de los contribuyentes, el alivio inmediato puede venir acompañado de más presión fiscal y más burocracia. El mercado ya votó: lo que pide es previsibilidad, no otra capa de intervención.