La audiencia de conciliación entre Eva Ferrer y Verónica Alcocer terminó sin acuerdo el 14 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá. La defensa de Ferrer sostiene que la deuda corresponde a servicios de asesoría prestados durante la campaña de 2022 y los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro.
Ferrer, que hizo parte del círculo cercano de Alcocer durante la campaña presidencial de 2022 y el comienzo del gobierno, estuvo representada por la abogada María Soledad Morales. Alcocer asistió mediante un abogado que no aceptó una conciliación. También fue citado Manel Grau, uno de los catalanes cercanos a la ex primera dama, pero informó previamente que no asistiría y que no tenía interés en participar en el trámite.
La diligencia fue la tercera convocatoria de conciliación relacionada con el caso. Al no alcanzarse un acuerdo, la defensa de Ferrer considera agotada esta etapa y contempla llevar el reclamo ante los juzgados civiles. La reclamación, de acuerdo con su defensa, está relacionada con labores de asesoría civil y comercial realizadas directamente para Alcocer durante la campaña presidencial y el periodo inicial del gobierno.
Entre los servicios mencionados están la estrategia de publicidad, el manejo de agenda y el acompañamiento en viajes, incluido uno a Noruega. La reclamación también incluye los últimos meses de trabajo que no fueron pagados. Los acuerdos contemplaban pagos tanto en euros como en pesos colombianos, y la cifra reclamada supera los $640 millones.
La controversia económica no es el único frente que involucra a Ferrer y al antiguo entorno de la ex primera dama. En agosto de 2026 se conocieron grabaciones atribuidas a Ferrer en las que hace señalamientos sobre dinero, contratación pública y personas cercanas a Alcocer. A partir de esas revelaciones, la Fiscalía abrió una indagación para establecer el alcance y la veracidad de las afirmaciones contenidas en los audios.
La investigación busca determinar si hubo irregularidades relacionadas con el manejo de recursos y posibles influencias en procesos de contratación estatal. Hasta ahora, las afirmaciones contenidas en las grabaciones son materia de investigación.
A esto se suma la denuncia presentada por Marcela Ulloa, exjefe de Comunicaciones Externas y Prensa de Ecopetrol, quien aseguró haber recibido presiones después de negarse a tramitar un patrocinio cercano a los $7.200 millones relacionado con proyectos de Ferrer y que posteriormente fue despedida.
El caso deja dos señales claras: una deuda millonaria que ya empuja a las partes hacia los jueces y un entorno de acusaciones que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos y la influencia alrededor del poder. Cuando las relaciones personales se mezclan con dinero, asesorías y contratación estatal, el costo reputacional termina cayendo sobre la credibilidad de las instituciones.
Para el mercado y para cualquier ciudadano, el punto de fondo es el mismo: reglas claras, pagos transparentes y cero tolerancia a las zonas grises. Si el Estado o su entorno político se convierte en un espacio de favores, presiones y contratos opacos, el riesgo país no solo es financiero; también es institucional.
