Dos exfuncionarios de la DEA cuestionaron con dureza la investigación del fiscal regional de Arica, Mario Carrera, por las llamadas narcomaderas de Bolivia. James Craig Kuykendall y Scott Richard Oulton entregaron informes contratados por empresas bolivianas que buscan contrastar la indagatoria iniciada por la Fiscalía de Arica.
La causa se originó tras operativos conjuntos en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, a inicios de junio de este año, cuando autoridades informaron que en unas mil toneladas de distintos tipos de madera proveniente de Bolivia había más de 100 kilos de droga. El decomiso, presentado como una incautación «histórica», apuntaba a envíos con destino no solo a Chile, sino también a Estados Unidos, Europa y Oceanía.
Craig, quien estuvo 31 años en la DEA y dirigió en 2001 la oficina del organismo en Chile, dijo haber revisado 10 expedientes de empresas bajo el radar de la fiscalía. En su declaración, de 21 páginas, cuestionó el método usado para detectar la droga, citando notas de prensa en que Carrera habló de un escáner y un algoritmo. Para el exagente, la pregunta central es cómo se utilizó ese algoritmo para focalizar exportadores bolivianos específicos y qué información alimentó ese sistema.
También puso en duda el sustento de las cifras. Sobre un procedimiento del 22 de noviembre de 2025, donde se decomisaron 19,5 toneladas de madera y 700 kilos de cocaína, preguntó si alguna vez se recuperó cocaína de la madera incautada y cómo establece la fiscalía la cantidad de 700 kilogramos. Además, sostuvo que, en las muestras que revisó, el aerosol narco-detector y el analizador TruNarc nunca dieron positivo para cocaína, mientras que el MX908 detectó otras sustancias.
Otro punto que marcó Craig fue la falta de detenidos. Señaló que una operación de esa magnitud habría debido terminar con la identificación de una organización, su modus operandi y activos detectados, algo que, afirmó, no aparece hasta ahora. Según su planteamiento, la cifra atribuida a la incautación sería tan alta que incluso superaría la producción potencial anual de Bolivia.
Oulton, químico forense y exadministrador auxiliar de la DEA, llegó a conclusiones similares. Sostuvo que las maderas investigadas, entre ellas Almendrillo, Cumarú, Morado, Cambará, Garapa, Paquió y Tajibo, no son permeables y que ninguna sustancia, sólida o líquida, puede penetrarlas, ni siquiera por impregnación al vacío. También defendió la hipótesis de la «transferencia secundaria», es decir, la posible contaminación por contacto indirecto en el proceso de cosecha, aserrado, almacenamiento, paletizado y transporte.
En esa línea, Craig añadió que la hoja de coca se usa comúnmente en Bolivia en cremas, champús, dulces y té, y que trabajadores forestales la consumen de forma cotidiana, lo que podría explicar residuos traza. Ambos exagentes insistieron en que las empresas implicadas no son firmas de fachada y que operan como negocios físicos consolidados, con empleados y pertenencia gremial.
El caso es relevante porque vuelve a poner el foco en la calidad de la prueba y en la solidez de una persecución penal que, hasta ahora, no exhibe imputados conocidos. Cuando el aparato estatal levanta una tesis de alto impacto, la vara probatoria no puede ser flexible: si la droga no se puede trazar con claridad, el riesgo es castigar actividad formal sin base suficiente.
Para el mercado, este tipo de expedientes importa por una razón simple: la seguridad jurídica no admite atajos. Si una exportación puede quedar bajo sospecha sin una cadena de evidencia robusta, el costo lo pagan la libre empresa, el financiamiento y la reputación de sectores enteros. Capital busca reglas claras; sin ellas, el riesgo país no se mide solo en bonos, también en procedimientos penales.