La Argentina sumó más de 550.000 hogares a la inseguridad alimentaria severa entre 2010 y 2022, de acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA).
La probabilidad promedio de que un hogar esté en esa situación pasó de 7,94% a 9,49% a nivel nacional, un aumento de 1,55 puntos porcentuales, según el estudio titulado «La geografía del riesgo alimentario en la Argentina (2010-2022)».
El trabajo combina datos censales con relevamientos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) para estimar de manera indirecta el riesgo en cada hogar. Agustín Salvia, director del ODSA-UCA, explicó que el objetivo fue resolver la falta de información territorial suficientemente desagregada.
«No teníamos medidas sobre lo que estaba ocurriendo en el territorio a un nivel desagregado microsocial y microterritorial», sostuvo Salvia durante la presentación.
La metodología parte de una base observada en la EDSA y proyecta esos resultados sobre los censos 2010 y 2022, ya que esos relevamientos no incluyen preguntas específicas sobre inseguridad alimentaria. La encuesta releva situaciones ocurridas durante los últimos 12 meses por falta de recursos económicos y registra indicadores como reducción de porciones y experiencias de hambre.
El cuadro provincial muestra una Argentina partida en dos. En 2022, los niveles más altos se registraron en Formosa, con 18,77%; Chaco, con 17,46%; y Santiago del Estero, con 17,40%. En el otro extremo aparecen la ciudad de Buenos Aires, con 3,93%; Santa Cruz, con 6,02%; y Tierra del Fuego, con 6,18%.
La diferencia entre Formosa y la ciudad de Buenos Aires fue de 14,81 puntos porcentuales en 2022. El informe remarca que una reducción de brechas territoriales no necesariamente implica una mejora general de las condiciones alimentarias, porque puede responder a caídas en zonas con peores indicadores y a subas en jurisdicciones que partían de niveles más bajos.
También hay persistencia en los territorios más afectados. Bonfiglio señaló que «de los 20 con mayor riesgo, 17 están presentes en los dos censos en este top 20». Además, los tres departamentos que ocupaban las primeras posiciones se mantuvieron en 2010 y 2022.
Por tipo de asentamiento, el rural disperso mostró un riesgo estimado de 22,44% en 2022, frente al 23,89% de 2010. Aun con esa baja, el indicador siguió siendo aproximadamente 2,5 veces superior al promedio urbano, que pasó de 6,89% a 8,82%. En el rural agrupado, la cifra subió de 12,52% a 15,06%.
A escala regional, el norte concentra los niveles más altos. En 2022, el NEA alcanzó 15,81% y el NOA, 14,23%. El NEA fue la única de las seis regiones que mostró una baja respecto de 2010, mientras que en el NOA el indicador avanzó de 13,56% a 14,23%.
La lectura de fondo es incómoda para cualquier gobierno que se presente como defensor de la movilidad social: el mapa del hambre no solo sigue abierto, sino que mantiene bolsones de pobreza persistente donde el Estado no logra corregir la exclusión. Cuando la alimentación se vuelve una variable territorial, el problema deja de ser estadístico y pasa a ser institucional.
Capital busca reglas claras, pero también una red de contención que funcione sin depender de parches ni de relatos. Si la Argentina no puede garantizar una base alimentaria mínima en amplias zonas del país, el deterioro no solo golpea a los hogares más vulnerables: también erosiona productividad, capital humano y cualquier idea seria de crecimiento sostenible.