Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, relató en entrevista con SEMANA el rol que, según ella, tuvieron Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, y el senador Agmeth Escaf en el círculo cercano de la exprimera dama.
Ferrer los calificó de «corruptos» y afirmó que participaron en varias gestiones y en el control de entidades durante el gobierno de Gustavo Petro. También los vinculó con los viajes de Alcocer a Venezuela, en los que, según dijo, habría habido transporte de droga y altas sumas de dinero.
La exconsejera aseguró que, de acuerdo con el empresario catalán Manel Grau, en el viaje de regreso del 31 de enero de 2023 se llevaron «2,5 millones de dólares» del país vecino. En sus palabras, «está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (Mario Fernández Alcocer), está involucrado Agmeth (Escaf)».
Ferrer añadió que ese dinero fue utilizado, según ella, para financiar la campaña a la Gobernación de Sucre de Fernández Alcocer en 2023. También dijo que entre Escaf y Verónica Alcocer hubo una pelea por dineros y llegó a afirmar que «Agmeth le roba a Verónica».
Otro de los señalamientos de Ferrer fue la relación de Fernández Alcocer y Escaf con Carolina Plata, a quien describió como presunta testaferro de Alcocer y mano derecha. En esa línea, sostuvo que ambos tenían poder suficiente para sacar a la primera directora del ICBF, Concha Baracaldo.
«Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora», dijo Ferrer, quien también afirmó que fueron removidas otras funcionarias y que Luz Karime Fernández terminó como consejera de Reconciliación. Además, aseguró que «se meten en ProColombia» y que Carmen Caballero sufrió un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel.
Según Ferrer, el círculo de Alcocer controlaba nueve entidades: «ProColombia, el Instituto de Bienestar Familiar, la subdirección del Dapre, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la ANI, el Fondo de Adaptación y el Icetex». También dijo que Fernández Alcocer y Escaf tenían presuntos intereses en emergencias y en la UNGRD, y que le advirtió de ello a Petro a través de conversaciones por la red LINE.
La gravedad de las acusaciones no está en el ruido político, sino en lo que describen: captura de entidades, flujos opacos de dinero y una red de influencias alrededor de la exprimera dama. Si esas versiones avanzan con soporte verificable, el costo institucional sería enorme para el Estado y para la confianza en la administración pública.
Para el mercado y para los contribuyentes, el punto central es otro: cada espacio que gana una red de favores dentro del aparato estatal reduce la transparencia, eleva el riesgo país y debilita las reglas claras. Cuando las entidades dejan de responder a criterios de mérito y control, la burocracia se convierte en un obstáculo para la inversión y para la productividad.
