En una entrevista con SEMANA, Eva Ferrer lanzó señalamientos de alto voltaje contra Verónica Alcocer y su entorno. Dijo que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, que trajo 2,5 millones de dólares a Colombia procedentes de ese país y que había implicaciones en tráfico de armas.
Ferrer, quien se presentó como exasesora de Alcocer, afirmó que decidió hablar «por protección personal y profesional» y dijo que lleva dos meses escondida. También sostuvo que recibió amenazas tras la publicación de audios revelados por SEMANA.
Consultada por Vicky Dávila sobre si Verónica Alcocer era «la jefe de esa mafia», Ferrer respondió: «A día de hoy digo que sí». Agregó que Alcocer «sí está cómoda, tiene unos intereses» y que estaba rodeada de personas con intereses económicos.
Sobre Gustavo Petro, Ferrer dijo: «Para mí, a día de hoy, sí», en referencia a que también habría sacado provecho de esas acciones. Según su relato, el entonces presidente se benefició de lo que ella movía y de la campaña que lo llevó al poder.
La parte más delicada de la entrevista llegó cuando Ferrer describió viajes a Venezuela como «una cosa muy clandestina». Aseguró que, a partir de conversaciones con Manel Grau, se enteró de que en uno de esos viajes se trajeron «2,5 millones de dólares». Más adelante, cuando se le preguntó directamente si Verónica traía a Colombia esa suma desde Venezuela, respondió: «Enero de 2023» y explicó que, según le dijeron, ese dinero era para pagar la campaña del primo de Verónica Alcocer.
Ferrer también afirmó que en esos desplazamientos había droga. Dijo que «parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga» y que Grau le confirmó que «había droga». Más tarde precisó que, según lo que le contaron, esos movimientos se hacían en el avión presidencial o en el de la primera dama.
Además, señaló que los viajes de Verónica a Venezuela eran manejados con estricta confidencialidad y que Carolina Plata llevaba esos temas. También mencionó al primo de Alcocer, Mario Fernández Alcocer, y a Agmeth Escaf dentro de los movimientos de dinero que describió.
Los señalamientos son graves y, por ahora, reposan en el testimonio de una exasesora que dice haber conocido esos hechos de primera mano. Si se confirman, revelarían algo más que una crisis política: mostrarían el uso de recursos y activos del Estado en circuitos opacos que dañan la confianza pública y castigan al contribuyente.
El caso también deja una señal incómoda para el poder: cuando el entorno presidencial queda asociado a dinero, vuelos reservados y presuntos cargamentos ilegales, el problema ya no es solo reputacional. Es institucional. Capital busca reglas claras, y lo que describe Ferrer apunta en la dirección opuesta: discrecionalidad, opacidad y riesgo para el Estado de derecho.
