El Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó una alerta presupuestal en plena discusión del Presupuesto General de la Nación. Juan Felipe Lemos, presidente del organismo, dijo que la entidad tiene asignados $1,3 billones, pero que había solicitado $2,2 billones y que el recorte del Gobierno fue de $900.000 millones.
Según Lemos, la diferencia golpea de lleno las elecciones territoriales de 2027, que describió como las más importantes por su magnitud, volumen y complejidad logística. Puso un dato sobre la mesa: en los comicios de Congreso participan unos 2.500 candidatos, mientras que en las territoriales lo hacen cerca de 125.000.
Ese salto, explicó, exige más gasto en logística, en la plataforma tecnológica para acreditar testigos, en la diligencia de 125.000 mesas en todo el país, en los tribunales de garantías de los departamentos y en los centros de cómputo con auditores y observadores. La cuenta, dijo, no da con los recursos actuales.
Lemos sostuvo que con $1,6 billones, es decir, $300.000 millones adicionales, el CNE podría cumplir una labor «destacada y responsable» en control electoral. Pero advirtió que, si se mantiene el presupuesto de $1,3 billones, habría que recortar rubros sensibles.
Entre ellos mencionó el Estatuto de Oposición, que permite a los partidos de oposición acceder a medios radiales y televisivos para ejercer ese derecho. También habló de financiamiento de partidos y pago de reposición de votos. Sobre este último punto, recordó que hay atrasos desde 2018.
El presidente del CNE anticipó que el próximo miércoles radicarán una proposición ajustada por cerca de $300.000 millones, no por los $900.000 millones del recorte inicial, para cubrir vigilancia electoral, funcionamiento de partidos, reposición de votos y derechos de oposición en 2027.
Además, anunció que el organismo presentará un proyecto de ley orgánica para garantizar su autonomía financiera y presupuestal. Lemos dijo que el artículo 265 de la Constitución establece esa autonomía, pero que nunca se desarrolló y que el CNE ha venido funcionando «como un apéndice de la Registraduría».
También señaló que no se ha definido aún el reparto de las escisiones del Partido Verde ni del Centro Democrático, y que la entidad sesionará nuevamente para resolver las atípicas de Alcaldía de Cartago.
En el fondo, el debate no es solo contable: es institucional. Si el aparato electoral depende de recortes de última hora, el costo lo pagan la vigilancia, la oposición y la confianza en las reglas del juego. Un Estado que no financia bien su propio control termina debilitando el derecho de todos a competir en igualdad.
Capital busca reglas claras. Aquí la regla es simple: sin presupuesto suficiente no hay control sólido, y sin control sólido la democracia queda más expuesta al desorden y a la improvisación burocrática.
