El senador Ron Wyden (D-OR) promueve un plan fiscal nacional para desacelerar la construcción de centros de datos en Estados Unidos. El argumento: que estas instalaciones «estresan los recursos locales» y «monopolizan la inversión y el tiempo de mano de obra calificada». Los números cuentan una historia distinta.
En el condado de Loudoun, Virginia, los centros de datos ocupan aproximadamente el 3% del territorio total, pero generan el 36% de toda la recaudación tributaria del condado. No son una carga fiscal; son lo que el análisis publicado por críticos del plan llama «surtidores de impuestos» para los gobiernos locales.
Google opera centros de datos en todo Estados Unidos —incluyendo el estado natal de Wyden, Oregon— y cada instalación típica produce 688 millones de dólares en actividad económica local, según los datos citados en la crítica al proyecto legislativo.
La falacia del juego de suma cero
Wyden sostiene que los centros de datos paralizan proyectos de reurbanización y manufactura al absorber inversión. Sus críticos califican esto de «falacia de suma cero»: la riqueza se crea, no se extrae de un pastel fijo.
El paralelo histórico es ilustrativo. Hace cincuenta años, las empresas de televisión por cable invirtieron sumas enormes para cablear zonas rurales de Oregon y otros estados. Ese desembolso inicial universalizó el acceso a la televisión y abrió el mercado para ESPN, HBO, C-SPAN y Nickelodeon. Sobre esa misma infraestructura llegó el internet nacional, y con él Netflix, Google, Facebook y Amazon.
La lógica es directa: el costo visible de los centros de datos lleva implícita la creación de productos, servicios y empresas que hoy son imposibles de concebir, y que harán que la inversión inicial parezca pequeña en retrospectiva.
Un plan que centraliza poder sin resolver un problema
El propio Wyden aclara que su objetivo no es «terminar con el desarrollo de centros de datos», sino construir una infraestructura fiscal que «garantice recursos para las comunidades y trabajadores más afectados». Sin embargo, Loudoun County ya demuestra que los centros de datos son precisamente ese recurso: uno que llega directamente a los gobiernos locales, más cercanos a las necesidades reales de sus ciudadanos.
Sus opositores argumentan que un plan federal en este sentido instalaría más poder en un gobierno nacional que ya consideran sobredimensionado, desplazando decisiones que hoy toman con eficacia los legisladores locales.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el caso es un ejemplo clásico de intervención burocrática que soluciona un problema inexistente mientras erosiona la base fiscal de los propios condados que dice proteger. Capital busca reglas claras: cuando un activo genera 36 centavos de cada dólar recaudado en un territorio usando apenas el 3% de su suelo, el mercado ya votó. Wyden propone que Washington decida mejor que Loudoun lo que Loudoun necesita. La historia de la televisión por cable sugiere que esa apuesta suele perder.