California tendrá crédito fiscal empresarial hasta el año fiscal 2032-2033. El gobernador Gavin Newsom firmó el Senate Bill 180 (SB 180), que prorroga cinco años el programa California Competes Tax Credit (CalCompetes) y evita su vencimiento previsto para el próximo año.
Los números del programa hablan por sí solos. En 2019, CalCompetes otorgó más de 1.800 millones de dólares en créditos fiscales a 271 empresas que, a cambio del beneficio tributario, asumieron compromisos de invertir aproximadamente US$37.600 millones y crear más de 75.000 empleos de tiempo completo en el estado.
El mecanismo no es automático. La Governor's Office of Business and Economic Development (GO-Biz) negocia acuerdos individuales con cada empresa solicitante; luego, el California Competes Tax Credit Committee evalúa si cada proyecto cumple los criterios legales. Entre los factores de análisis figuran la cantidad de empleos comprometidos, el monto de inversión, el nivel salarial, las oportunidades de capacitación, la duración del proyecto y el beneficio económico esperado para California.
El texto del SB 180 modifica disposiciones del Código de Rentas e Impuestos de California para extender el crédito hasta los años tributarios que comiencen antes del 1° de enero de 2035.
Aunque la norma no está dirigida específicamente a ningún grupo demográfico, la administración estatal señaló que la generación de nuevos empleos abre oportunidades para todas las personas que reúnan los requisitos legales, en uno de los estados con mayor proporción de residentes extranjeros del país.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, la extensión de CalCompetes confirma una verdad incómoda para el intervencionismo de Sacramento: cuando California compite por inversión privada, lo hace con las mismas herramientas que critica en otros estados: rebajas fiscales selectivas y negociación directa con empresas. El programa existe precisamente porque la carga tributaria general del estado ahuyenta capital, y el gobierno lo sabe.
El riesgo del modelo es estructural. Los créditos se asignan mediante acuerdos individuales aprobados por un comité, lo que abre la puerta al favoritismo burocrático y genera incertidumbre para las empresas que no tienen acceso al cabildeo institucional. Una reducción generalizada de impuestos empresariales produciría el mismo efecto —o mayor— sin necesidad de que GO-Biz elija ganadores. Mientras Sacramento no resuelva esa contradicción, CalCompetes seguirá siendo un parche costoso sobre un sistema fiscal que penaliza la libre empresa.