Un jubilado del gobierno de California cobró casi medio millón de dólares en pagos de pensión el año pasado, mientras el sistema que lo financia sigue con un faltante de US$153.000 millones frente a los activos necesarios para cubrir sus compromisos. La California Post encontró además más de 63.000 jubilados de CalPERS con pensiones anuales de seis cifras.
El problema no es solo el monto de las pensiones. La discusión de fondo es quién asume el costo cuando el aparato político promete más de lo que puede sostener. En este caso, los pagos ya están comprometidos y el ajuste cae sobre el contribuyente, que termina obligado a hacer cuadrar las cuentas.
El sistema, según la nota, se alimentó de una relación política muy clara: los sindicatos de empleados públicos ayudan a elegir a los funcionarios con los que luego negocian. Reclutan candidatos, aportan voluntarios, financian publicidad y movilizan votantes. Después, esos mismos funcionarios aprueban salarios y beneficios pagados con dinero de los impuestos.
La pieza recuerda que en 1999 Gray Davis firmó la Senate Bill 400 para ampliar beneficios de jubilación para empleados estatales y que los gobiernos locales siguieron con mejoras propias. También señala que esas prestaciones se reforzaron de forma retroactiva y que la apuesta política era que los retornos de mercado cubrirían los costos adicionales. Cuando llegaron las caídas, nadie retiró las promesas y el faltante quedó en manos del público.
La autora de la columna también sostiene que el sistema permite conductas que multiplican el costo, como el pension spiking, sobre todo entre empleados contratados antes de las reformas de 2013, y el double-dipping, con jubilados que vuelven a nóminas públicas mientras cobran pensión. Añade que muchos contratados antes de 2013 siguen teniendo parte o toda su contribución cubierta por sus empleadores públicos.
La presión fiscal no es abstracta. La columna cita a Stockton, que ya había recortado cerca de una cuarta parte de su fuerza policial cuando entró en bancarrota en 2012, mientras seguían subiendo los costos de retiro. Una obligación de pensión no patrulla barrios, no repara calles y no mantiene bibliotecas abiertas.
En el cierre editorial, la lectura es dura para la clase política de California: el Estado sigue prometiendo, y los contribuyentes siguen pagando. En un esquema donde el gasto se puede trasladar al futuro, el incentivo no es la prudencia, sino la evasión de responsabilidades.
Ese es el fondo del problema para cualquier economía seria: cuando el capital político se usa para prometer beneficios ajenos, la capitalización de largo plazo la termina financiando la sociedad. California no enfrenta solo una crisis actuarial; enfrenta una crisis de incentivos y de rendición de cuentas.
