Brasil llega al cambio de gobierno con señales mixtas: más ocupados, inflación moderada y actividad todavía en expansión, pero también con una deuda pública equivalente a 82,9% del PIB y una tasa de referencia de 13,75%.
El dato fiscal es el que más pesa sobre el relevo presidencial. La deuda pública pasó de 73,5% del PIB al cierre de 2022 a 82,9% en agosto de 2026, un aumento de 9,4 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, el déficit fiscal, incluido el pago de intereses, llegó a 9,48% del PIB en los 12 meses hasta agosto, frente a 4,68% al cierre de 2022.
Una parte importante de esa brecha corresponde a los intereses. El contexto económico para esta nota sitúa ese costo alrededor de 9% del PIB, mientras que el déficit antes de intereses, o resultado primario, ronda 0,6%. En la práctica, eso significa que incluso un intento por equilibrar ingresos y gastos corrientes no elimina la presión acumulada sobre las finanzas públicas.
El proyecto de presupuesto para 2027 contempla un superávit primario de 0,5% del PIB. La meta es que los ingresos superen a los gastos antes de intereses. Si se cumple, sería un avance para las cuentas públicas, aunque por sí solo no resolvería la carga de deuda.
La Selic sigue siendo otra pieza central del cuadro. En septiembre se ubicó en 13,75%, tras haber alcanzado 15% en junio de 2025. La reducción acumulada desde ese máximo es de 1,25 puntos porcentuales, pero el financiamiento continúa siendo costoso.
En el frente de precios, la inflación ofrece una mejora relevante. La variación anual pasó de 5,13% en agosto de 2025 a 4,22% en agosto de 2026, una baja de 0,91 puntos porcentuales. También quedó por debajo del 4,44% de julio de este año y muy lejos del 12,13% registrado en abril de 2022.
Aun así, 4,22% sigue por encima de la meta central de 3%, aunque dentro del límite superior de tolerancia de 4,5%. Ese margen será clave para el Banco Central al decidir cuánto puede bajar tasas sin reactivar presiones sobre los precios.
El empleo es el principal sostén del cuadro económico. La tasa de desempleo fue de 5,3% en el periodo terminado en agosto, frente a un promedio cercano a 9% en 2022. El número de ocupados alcanzó un récord de 103,5 millones y el ingreso medio real llegó a 3.777 reales, equivalentes a US$722,4.
Pero el mercado laboral conserva una falla estructural: la informalidad alcanza a 37% de los trabajadores. Ese dato limita la calidad de la recuperación y explica por qué el próximo gobierno no solo deberá sostener la ocupación, sino traducirla en mayor estabilidad y protección laboral.
Brasil, en suma, llega al relevo con crecimiento, empleo y una desinflación visible, pero también con una factura fiscal que reduce la libertad de maniobra del Estado. Los números primero: cuando la deuda absorbe más recursos, el gasto productivo pierde espacio y el contribuyente termina cargando el costo de años de desequilibrio.
El mercado ya votó con un mensaje claro: sin reglas fiscales creíbles, el crédito seguirá caro y la inversión tendrá menos retorno. Capital busca reglas claras. Y en Brasil, el próximo presidente tendrá que probar que el ajuste de las cuentas públicas no es una opción ideológica, sino la condición mínima para recuperar margen, productividad y confianza.