Colombia sigue atascada en un mercado laboral donde la informalidad persiste pese a años de intentos por abaratar la contratación. El dato más reciente del Dane, para el trimestre móvil mayo-julio, ubicó la proporción de personas ocupadas informales en 54,6%, apenas por debajo del 55,0% del mismo periodo del año anterior.
La discusión de fondo, según Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, ya no pasa solo por reducir los costos laborales. Cita una evaluación de la Ocde sobre la reforma tributaria de 2012: la medida habría recortado la informalidad entre dos y cuatro puntos porcentuales, pero el indicador se habría mantenido alrededor del 65%.
Ese resultado, dice el investigador, muestra que abaratar el empleo puede ayudar, pero no resuelve el problema. La política pública, en su lectura, ha ido desplazándose desde los costos de contratación hacia menores costos de afiliación a la seguridad social, especialmente para trabajadores independientes.
Ahí aparece otro límite: los ingresos promedio de muchos independientes son tan bajos que asumir el costo completo de la formalidad puede ser inviable. Farné sostiene que la formalización debe tener en cuenta los ingresos y la capacidad de pago de cada trabajador.
También advierte sobre los incentivos que genera el régimen subsidiado de salud. Si las personas de bajos ingresos reciben servicios prácticamente gratuitos y similares a los del régimen contributivo, disminuye el incentivo económico para hacer aportes. A eso suma la protección económica para adultos mayores de bajos ingresos, comparando el esquema discutido el año anterior, que contemplaba un ingreso mensual de $230.000, con los $80.000 que se entregaban entonces mediante el mecanismo vigente.
En materia tributaria, Farné señala que el umbral para declarar renta era de 1.400 unidades de valor tributario, equivalentes a cerca de $70 millones en el año al que hace referencia. Su planteamiento es que quienes no están obligados a declarar renta enfrentan límites para deducir costos en las condiciones descritas, lo que puede encarecer la formalización porque obliga a asumir gastos sin poder descontarlos de la misma manera.
La brecha territorial sigue siendo enorme: en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la informalidad fue de 40,6%, mientras que en las zonas rurales llegó al 83,2%.
El Observatorio también encontró una asociación importante entre formalidad, educación y tamaño empresarial. Una mayor formación mejora la capacidad productiva de los trabajadores, mientras que las empresas grandes suelen tener más recursos, tecnología y capacidad operativa que los negocios pequeños. En otras palabras, la formalización depende no solo de la ley, sino de la capacidad de generar ingresos y sostener empleos formales.
Al evaluar la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, el panorama sigue abierto. Hay señales de menor contratación de aprendices y de trabajadores con salario integral, pero esos cambios no pueden atribuirse únicamente a la reforma, porque también influyen la reducción de la jornada laboral y los aumentos del salario mínimo real. Aun con ese mayor costo laboral, las estadísticas disponibles no muestran por ahora un impacto negativo generalizado sobre el empleo.
El mercado ya votó: sin productividad, la rebaja de costos solo compra tiempo. Para el contribuyente y para la empresa formal, el mensaje es claro: un sistema que castiga la creación de valor termina premiando la informalidad.
Capital busca reglas claras. Si el Estado quiere más cotizantes, deberá alinear incentivos, impuestos y productividad; de lo contrario, seguirá administrando una informalidad masiva en lugar de reducirla.
