La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció la extinción total de la deuda bursátil de los 199 municipios del estado, al concluir la liquidación del esquema financiero contratado en 2008. Con ello quedaron liberadas las participaciones federales de los ayuntamientos y se elimina un pasivo que comprometía sus ingresos futuros.
El origen del problema: un contrato de 2008 que nunca cerró
El financiamiento fue contratado originalmente por 1,208 millones de pesos durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. El mecanismo permitió a 199 de los 212 municipios recibir por adelantado recursos federales, comprometiendo sus participaciones para varias administraciones. El problema estructural fue triple: el 82% de la deuda quedó denominado en UDIS, las sobretasas superaban las condiciones de mercado y el esquema retenía recursos por encima de lo necesario para cubrir capital e intereses.
El resultado: los municipios ya habían pagado 2,573 millones de pesos —de los cuales 1,837 millones correspondieron únicamente a intereses— y aun así el saldo insoluto permanecía por encima del monto original. De mantenerse el esquema, los ayuntamientos habrían tenido que cubrir otros 2,266 millones hasta 2036.
La solución: dinero que nadie había reclamado
El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, explicó que la revisión técnica y jurídica del fideicomiso permitió identificar recursos inmovilizados en tres cuentas: la de participaciones, la de soporte y el fondo de reserva, por un total de 1,085 millones de pesos. Esos fondos habrían permanecido retenidos hasta 2036 de no haberse detectado.
Con esa recuperación y una aportación estatal cercana a 500 millones de pesos, el Gobierno de Veracruz logró extinguir por completo la obligación financiera, diez años antes de la fecha estimada de cierre. «Recuperamos el dinero. Hoy todos los municipios están liquidados; no tienen que pagar ni un peso», afirmó Nahle.
Participaciones liberadas y calificaciones crediticias en juego
A partir de las siguientes ministraciones, los 199 municipios recibirán completas sus participaciones federales. El gobierno estatal señaló que la cancelación del pasivo mejora la posición financiera de los ayuntamientos y contribuye a fortalecer sus calificaciones crediticias.
Lectura de Ágora Capital
El caso Veracruz es un manual de lo que ocurre cuando el aparato estatal contrata deuda indexada a inflación con sobretasas y sin transparencia hacia los beneficiarios: un crédito de 1,208 millones terminó costando 2,573 millones pagados, con 2,266 millones adicionales pendientes. El dinero de los contribuyentes —y de las participaciones federales que pertenecen a los municipios— quedó atrapado durante años en cuentas de un fideicomiso que nadie auditó con suficiente rigor.
La buena noticia es que la revisión técnica funcionó: se recuperaron recursos inmovilizados y se cerró el ciclo antes de 2036. La pregunta que el mercado municipal debería hacerse es cuántos esquemas similares siguen activos en otros estados, reteniendo participaciones que podrían financiar infraestructura productiva. Capital busca reglas claras; la bursatilización opaca es exactamente lo contrario.
