Un tribunal de sentencia de El Salvador condenó a tres mexicanos a 21 años de cárcel por tráfico de armas, en un expediente que también involucró a cuatro ecuatorianos sentenciados a 14 años por tráfico de drogas, informó la Fiscalía General.
Los mexicanos Benjamín Visaiz Rodríguez, Miguel Ángel Moreno Andrade y Luis Ángel Visaiz fueron sentenciados por tráfico de armas. Los ecuatorianos Enrique Geovanny Franco Delgado, Edisson Manuel Delgado Franco, Freddy David Marín Mero y Wilber Alfonso Chávez Chávez recibieron condenas de 14 años de prisión.
La Fiscalía indicó que el proceso se originó tras la captura de los extranjeros por la Marina Nacional en agosto de 2024. En ese operativo se les incautaron «varias armas de guerra, municiones y cargadores», según la autoridad salvadoreña.
El caso también incluyó el tráfico de más de 1.200 kilogramos de cocaína, valorados en más de 31.6 millones de dólares. De acuerdo con la Fiscalía, los cargamentos eran trasladados en tres embarcaciones y fueron localizados en aguas del Pacífico salvadoreño.
Las autoridades de Seguridad salvadoreñas dijeron que en 2024 se incautaron más de 17.2 toneladas de droga, valoradas en 422,7 millones de dólares. En 2025, las incautaciones sumaron poco más de 25 toneladas, en su mayoría cocaína, con un valor superior a los 618,7 millones de dólares.
Según esas mismas autoridades, durante la gestión del presidente Nayib Bukele, desde 2019, se han incautado 73.8 toneladas de droga en El Salvador, con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares.
Bukele afirmó en X que su país está en camino de convertirse en el «más seguro del mundo» por la reducción de los índices de criminalidad. Dijo que, aunque las tasas ya están en niveles extremadamente bajos, «aún las estamos reduciendo más».
La lectura política es clara: cuando un Estado logra sostener operativos, decomisos y sentencias, envía una señal de orden que pesa más que cualquier propaganda. Para el contribuyente y para la economía formal, la seguridad no es un discurso; es una condición básica para que haya inversión, comercio y reglas que se cumplan.
Capital busca reglas claras. En este caso, el mensaje que deja la justicia salvadoreña es que el costo de operar al margen de la ley puede terminar en cárcel y decomisos. Ese es el tipo de disciplina institucional que reduce riesgo país y protege la propiedad y la actividad productiva.
