Venezuela accedió a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar la recuperación tras los sismos del 24 de junio. Así lo anunció la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien explicó que los fondos apoyarán a las familias afectadas «en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos».
El mecanismo utilizado es el llamado tramo de reserva, distinto a los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI retiene y que suman unos 4.500 millones de dólares. En total, los activos venezolanos en el organismo rondan los 5.000 millones de dólares. La portavoz del Fondo, Julie Kozack, precisó el 9 de julio que ese tramo «constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente» y que Venezuela «ha indicado querer utilizar» para atender «las necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre».
El doble terremoto del 24 de junio dejó más de 5.000 muertos, más de 16.700 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, concentradas principalmente en la región de La Guaira, al norte del país. Las autoridades estiman que la cifra de damnificados crecerá conforme avance la inspección de edificaciones dañadas, y calculan una necesidad inicial de 25.000 viviendas.
El desbloqueo se produce en un contexto de recomposición institucional: el FMI y Venezuela retomaron relaciones en abril pasado, tras haberlas suspendido en 2019. Rodríguez agradeció a la directora del organismo, Kristalina Georgieva, «su respaldo y compromiso». La mandataria también informó del envío de una carta al rey Carlos III solicitando la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra, y reiteró su exigencia de cese de sanciones contra el país.
Lectura editorial. Los 346 millones representan recursos que Venezuela ya poseía en el FMI, no un préstamo ni un rescate. La distinción importa: acceder al tramo de reserva propio no implica condicionalidad macroeconómica ni supervisión del organismo sobre las políticas internas. Para los contribuyentes globales del Fondo, el riesgo directo es nulo. La pregunta relevante, sin embargo, es si el aparato estatal venezolano cuenta con la capacidad institucional y la transparencia suficientes para ejecutar una reconstrucción de esta magnitud sin que los recursos se disipen en la burocracia. Capital busca reglas claras, y la reconstrucción eficiente requiere exactamente eso: contratos abiertos, supervisión independiente y libre empresa en la cadena de proveedores.
