Los números son difíciles de ignorar. Desde 2006, los usuarios del servicio eléctrico en Colombia han transferido $97,1 billones constantes de 2025 a las empresas generadoras a través del Cargo por Confiabilidad, según una evaluación integral publicada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).
El mecanismo nació ese año como un «seguro» incluido en la factura de energía: los usuarios pagan para que las generadoras mantengan sus plantas disponibles ante episodios de escasez hídrica, como los asociados al fenómeno de El Niño. Dos décadas después, el informe —titulado «Sobre-remuneración y Déficit de Respaldo Físico: Evaluación del Cargo por Confiabilidad en el Mercado de Energía Mayorista (2006-2026)»— concluye que el respaldo físico prometido no se materializó.
Los recursos fluyeron; la capacidad, no
En 2025, el Cargo por Confiabilidad representó el 21,5% de los ingresos del sector de generación eléctrica y el 111% de sus utilidades. Es decir, sin ese cobro obligatorio en la factura, el sector habría operado en pérdida. Pese a ello, gran parte de los recursos continúa remunerando plantas con entre 20 y 30 años de antigüedad, sin que esto se haya reflejado en un crecimiento significativo de la capacidad instalada.
Del total transferido, cerca del 62% fue a plantas hidroeléctricas y aproximadamente el 37% a plantas térmicas. Por región, Antioquia concentró $26,5 billones, Atlántico $15,8 billones y Cundinamarca-Meta $13,1 billones.
El seguro que asegura lo que ya falla
Uno de los hallazgos más críticos del informe es estructural: aunque el mecanismo fue diseñado para mitigar la escasez de agua, el 48% de los recursos se destina a plantas hídricas o se utiliza para respaldar compromisos con otras plantas de ese tipo. En otras palabras, se paga un seguro contra la sequía a la misma fuente que se queda sin agua cuando llega El Niño.
«¿Cómo es posible que después de 20 años de un esquema de confiabilidad se hable de apagón cuando los usuarios del servicio de energía les han entregado $97 billones a las empresas de generación?», cuestionó el superintendente Felipe Durán, según recoge el informe.
Además, en 2025 la reducción pactada de demanda a cambio de una contraprestación alcanzó un máximo histórico de 1.706 gigavatios hora (GWh), incluso sin fenómeno de El Niño activo. El 90% de las medidas de los planes de acción de las plantas generadoras son comerciales y no incorporan respaldo físico nuevo al sistema, advirtió Superservicios.
La entidad recomendó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía evalúen ajustes regulatorios para incentivar la entrada de nuevas plantas más eficientes y promover proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.
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El caso del Cargo por Confiabilidad ilustra con precisión lo que ocurre cuando el diseño regulatorio prioriza la remuneración de activos existentes sobre la creación de capacidad real. Noventa y siete billones de pesos del bolsillo de los usuarios financiaron utilidades de empresas durante dos décadas, mientras el sistema permanece expuesto ante cualquier evento climático severo.
Capital busca reglas claras, no garantías de rentabilidad sin contrapartida física. Mientras el marco regulatorio no exija inversión nueva como condición del cobro, el contribuyente seguirá pagando el seguro y asumiendo el riesgo.
