Uruguay y Chile intensifican sus vínculos comerciales con las Islas Malvinas en un contexto de tensión creciente con la Argentina. La amenaza de sanciones del gobierno argentino a empresas que exploten recursos hidrocarburíferos y naturales en la zona puede reordenar las relaciones económicas en el Atlántico Sur y abrir un conflicto inesperado con Chile.
Mike Summers, presidente de la Cámara de Comercio de las Islas, dijo al diario La Prensa Austral: «Las líneas de suministro desde el norte de Europa son muy largas y costosas; para nosotros es mejor comerciar con nuestros vecinos amigables».
Desde el 3 de septiembre, el gobierno argentino protagoniza una escalada diplomática con el británico por la soberanía sobre las Islas Malvinas. En paralelo, el peso económico de las islas cambió. En 2021, la población estable llegó a 3660 habitantes y, con la guarnición militar de Mount Pleasant y los turistas, puede alcanzar picos de 5500 personas en algunas semanas del año. Además, durante la temporada de cruceros reciben entre 70.000 y 80.000 turistas por año.
La oferta local no alcanza. Stanley Growers Ltd produce tomates, pepinos, berenjenas, pimientos y algunas frutas en invernaderos, pero resulta insuficiente. Un comerciante local señaló que «todo lo que no se puede cultivar en las islas y necesitamos se importa desde Chile y Uruguay».
Los números muestran la magnitud del vínculo. Uruguay exporta bienes y servicios a las islas por 970.000 dólares anuales, según una medición de 2023. A la vez, importa de las islas lana por entre cuatro y seis millones de dólares. Chile, en tanto, es el proveedor más importante: vende leche y derivados lácteos, arándanos, verduras y tubérculos, con salida desde el puerto de Punta Arenas.
Uruguay puede dar un giro en su relación con las islas. El canciller uruguayo dijo que, con la prospección petrolera del Reino Unido, «cambió la lógica de todo el tema de las Malvinas» y que la disputa «cambió de naturaleza». El senador opositor Robert Silva, del Partido Colorado, respondió que Uruguay mantiene una posición histórica de respaldo al reclamo argentino y que los intercambios comerciales no deben interpretarse como un cambio de esa postura.
Mientras tanto, avanzan negociaciones entre Uruguay y el Reino Unido para la compra de dos patrulleros oceánicos de primera generación. Enviados de la Armada uruguaya ya visitaron Londres, aunque fuentes uruguayas señalaron que aún no hay una decisión definitiva.
En Chile, el movimiento comercial ganó velocidad con 800 reuniones de negocios entre 53 empresas de Magallanes y 28 corporaciones y delegados isleños, realizadas el 28 y 29 de septiembre en Punta Arenas. El alcalde Claudio Radonich incluso habló de una capacidad para vender hasta 20 millones de dólares por año en insumos de primera necesidad.
La firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island para abrir un puente marítimo entre Punta Arenas y Puerto Argentino añade presión a la relación con Argentina. Luis Cisternas, gerente comercial de la naviera, ratificó que el primer viaje zarpará en los primeros días de diciembre y dijo: «No tenemos que coordinar nada con las autoridades argentinas. Es un negocio entre privados».
El trasfondo es claro: cuando el comercio avanza más rápido que la diplomacia, la soberanía deja de ser un debate abstracto y pasa a tener costo logístico, comercial y político. Para Buenos Aires, el riesgo es quedar mirando desde afuera una cadena de abastecimiento que se consolida sin su participación.
También hay una señal más amplia para el mercado regional. Donde hay reglas estables, puertos funcionales y menores fricciones, el capital y los flujos de bienes encuentran camino. Donde manda la amenaza regulatoria, aparecen desvíos, nuevos intermediarios y más costos para todos los contribuyentes y operadores involucrados.
