Una denuncia sobre una lata de leche condensada volvió a exhibir la fragilidad del abastecimiento en Cuba. Gisela Cascaret afirmó que compró el producto en una tienda estatal de Pinar del Río y que el envase mostraba manchas oscuras y formaciones visibles que le hicieron dudar de su estado.
Según las imágenes que difundió en redes sociales, la tapa presentaba deterioro y el contenido mostraba señales compatibles con hongos u óxido, de acuerdo con comentarios de otros usuarios. El producto, identificado como TB Milk, había sido adquirido por $0.80, aproximadamente 24 pesos cubanos, en un comercio estatal que vende en dólares.
Cascaret publicó las fotografías en el grupo de Facebook «Ventas Pinar» y afirmó que la leche condensada vencía en octubre. También cuestionó que el comercio hubiera rebajado el precio en lugar de retirar el artículo antes de su fecha límite.
La denuncia fue retomada de CiberCuba y generó reacciones de otros usuarios, que hablaron de posibles riesgos sanitarios y criticaron los controles en las tiendas estatales. En los comentarios aparecieron referencias a mantequilla rancia, yogures deteriorados y pasta con insectos, siempre como testimonios de particulares.
Extrabajadores del comercio estatal también intervinieron en la discusión. Una de ellas sostuvo que los artículos próximos a vencer debían someterse a controles y recibir rebajas progresivas antes de ser retirados. Otra señaló que la mercadería que no lograba venderse en ese período debía declararse como merma.
El episodio ocurrió pocos días después de una fiscalización en Ciego de Ávila, donde se detectaron irregularidades en el 61.8% de los 2.165 establecimientos estatales y privados revisados. Entre las faltas registradas figuró la comercialización de productos vencidos.
La presión sobre la mesa cubana no se explica solo por un caso aislado. En junio, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, reconoció que el país no podía cumplir el plan previsto de distribución de leche y que más de 100 mil niños estaban afectados por la falta del producto.
La escasez obliga a muchas familias a buscar alimentos en distintos puntos de venta y a pagar precios elevados en las tiendas que operan con divisas. En ese contexto, cada producto próximo a vencerse adquiere mayor peso para hogares con opciones limitadas.
A eso se suman los cortes de energía, que agravan la refrigeración de alimentos en hogares, comercios y centros de distribución, además de afectar el transporte, la producción y el suministro de agua. La falta de electricidad termina golpeando justo donde más importa: la cadena de comida y el bolsillo de quienes menos margen tienen.
El mercado ya votó: cuando el aparato estatal no garantiza calidad ni abastecimiento, la confianza desaparece y el consumidor paga dos veces, con dinero y con riesgo. Capital busca reglas claras; en Cuba, la urgencia parece haber reemplazado a la supervisión.
La lección es incómoda para cualquier sistema que anteponga el control burocrático a la eficiencia. Sin competencia real, sin trazabilidad y sin un comercio que responda al cliente, el deterioro de un producto deja de ser una anécdota y se convierte en síntoma de un modelo que castiga al consumidor.
