Un juez federal prohibió al gobierno de Donald Trump reactivar el veto contra CNN, MS NOW y Politico en los terrenos de la Casa Blanca. La decisión de Timothy Kelly convierte en medida de más largo aliento la restricción temporal que ya había frenado la expulsión de los tres medios.
Kelly escribió que los demandantes «probablemente triunfarán» no solo en su reclamo de debido proceso, sino también en sus dos argumentos de la Primera Enmienda. En su resolución, el magistrado sostuvo además que la orden busca preservar el statu quo mientras el caso sigue su curso.
El fallo no obliga a la Casa Blanca a restablecer el acceso al Despacho Oval ni al Air Force One. Pero sí impide que el Ejecutivo haga valer por ahora el veto anunciado por Trump en septiembre, cuando dijo que los tres medios no deberían seguir cubriendo al presidente ni a su administración por publicar «FICTION and LIES», según publicó en Truth Social.
La medida judicial llega después de que los reporteros de CNN, MS NOW y Politico fueran bloqueados al intentar ingresar al perímetro de la Casa Blanca y vieran sus credenciales desactivadas. Los medios demandaron a Trump y a tres funcionarios de la Casa Blanca, alegando una violación directa de la Primera Enmienda y una discriminación por punto de vista editorial.
Kelly también desestimó el argumento del Departamento de Justicia sobre seguridad nacional. El juez afirmó que no hay evidencia en el expediente de que Trump haya tomado la decisión «desde el principio» por esa razón ni que la haya invocado directamente como motivo de su medida.
En su opinión, el juez añadió que las objeciones del presidente sobre la exactitud y la imparcialidad de la cobertura no quedan automáticamente invalidadas. Pero dejó claro que eso no autoriza al gobierno a castigar a medios específicos mediante un veto amplio y previo al debido proceso.
La orden mantiene en pie la protección judicial mientras el litigio avanza. Para la Casa Blanca, significa que el aparato estatal no puede usar el acceso físico a la prensa como herramienta de presión editorial. Para los medios, implica que el mercado de la información sigue sujeto a una regla básica: el poder público no elige quién puede preguntar por conveniencia política.
El mercado ya votó. Cuando la autoridad intenta castigar cobertura incómoda, el costo institucional no es solo para la prensa afectada; también lo paga la credibilidad del gobierno y la seguridad jurídica. Capital busca reglas claras, y en este caso la señal del tribunal es directa: la Casa Blanca no puede convertir el acceso en una licencia condicionada al aplauso.
