La Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile celebró esta semana su 30ª reunión. La eurodiputada socialista Alicia Homs presidió la delegación europea. Actuó como copresidenta del encuentro.
Homs subrayó que «la Unión Europea y Chile son socios fiables». Ambos bloques comparten, según su declaración, un compromiso con el multilateralismo y los derechos humanos. «En un contexto internacional cada vez más complejo, fortalecer esta alianza es más importante que nunca», añadió.
La delegación se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna. También con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez. Los temas: avances en comercio, inversión y cooperación derivados del nuevo Acuerdo Marco Avanzado.
En materia de seguridad, los eurodiputados se sentaron con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. El foco fue el refuerzo de la cooperación judicial vía Eurojust. Se abordaron el crimen organizado transnacional, el cibercrimen y la seguridad marítima. La delegación también revisó el avance de la Fiscalía Supraterritorial chilena y los programas europeos EL PAcCTO 2.0, Eurofront y COPOLAD III.
«El crimen organizado no entiende de fronteras y nuestra respuesta tampoco puede entenderlas», señaló Homs. La frase resume la lógica de cooperación institucional que guió la misión.
El seguimiento del Acuerdo Marco Avanzado cubrió transición ecológica, cooperación científica, innovación, digitalización e igualdad de género. Homs apuntó que el acuerdo «impulsará el comercio y la inversión» y abrirá cooperación en materias primas críticas, energía limpia y transformación digital.
Lectura de Ágora Capital. El Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile tiene un activo concreto: acceso regulado a materias primas críticas en un momento en que las cadenas de suministro globales se reconfiguran. Para el capital privado, eso equivale a reglas claras en un corredor de recursos estratégicos. El riesgo está en el otro lado de la balanza. Cada vez que Bruselas vincula comercio a «derechos laborales» y «transición ecológica», añade capas de cumplimiento que encarecen la inversión y abren la puerta a litigios regulatorios. La cooperación judicial es bienvenida; la agenda de condicionantes progresistas que viene empaquetada con ella merece escrutinio. Capital busca reglas claras, no reglas en expansión permanente.
