La administración Trump no se retiró del campo tras el fallo de la Corte Suprema que anuló buena parte de sus aranceles generalizados. Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR), adelantó que Washington ya trabaja en una arquitectura arancelaria nueva, construida sobre fundamentos jurídicos que el gobierno considera «mucho más duraderos».
«La administración está trabajando para recrear los aranceles que la Suprema Corte anuló este año y está utilizando una justificación legal que creemos será mucho más duradera», explicó Greer durante un podcast.
El esquema se articula en dos fases. La primera: un paquete de aranceles de alrededor de 10% dirigido a más de 80 países, justificado en deficiencias de sus legislaciones contra el trabajo forzoso y otras prácticas laborales coercitivas. La segunda: una ronda adicional contra más de 40 naciones acusadas de subsidios industriales y manipulación cambiaria. De concretarse ambos paquetes, Estados Unidos alcanzaría los niveles arancelarios más elevados registrados en aproximadamente un siglo, según la fuente.
Greer rechazó que el revés judicial represente un fracaso estratégico. «No me arrepiento... Bueno, lamento que la Suprema Corte se haya equivocado. Pero esa es culpa de ellos, no nuestra», afirmó el funcionario. Su argumento de fondo: el déficit comercial estadounidense «se disparó 40 por ciento en los cinco años previos al segundo mandato del presidente Trump», lo que a juicio de la administración constituía una emergencia que justificaba el uso de poderes extraordinarios.
El funcionario también defendió los resultados ya obtenidos. «Estamos ganando en reducir el déficit comercial. Estamos ganando en el reshoring. Estamos ganando en salarios», sostuvo Greer, quien se declaró «satisfecho» con la dirección de la política comercial.
El movimiento tiene implicaciones directas para México: la misma fuente señala que Washington prepara una visita relacionada con la revisión del T-MEC, lo que sitúa al país en el centro del nuevo mapa arancelario.
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Desde Ágora Capital, la lectura es doble. Por un lado, la determinación de la administración Trump de reconstruir su política comercial sobre bases legales más sólidas muestra que el proyecto de reequilibrar el comercio global no era retórica electoral, sino agenda de Estado. El mercado ya aprendió que los reveses judiciales no detienen la dirección; solo retrasan el instrumento.
Por otro, la escala del operativo —más de 120 países en el radar, niveles arancelarios de hace un siglo— recuerda que el proteccionismo tiene un costo que no paga el exportador extranjero: lo paga el importador doméstico y, en última instancia, el consumidor y la cadena productiva estadounidense. Capital busca reglas claras; una política arancelaria que muta de base legal cada ciclo judicial es exactamente lo contrario. El verdadero test de la estrategia no es si resiste al tribunal, sino si genera el reshoring prometido antes de que la factura llegue a los balances.
