Estados Unidos aplicará, a partir del viernes 24 de julio, aranceles de al menos 10% a unos 60 países, en sustitución de un gravamen anterior implementado por el presidente Donald Trump a principios de este año. La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial (USTR) y cubre a los 60 principales socios comerciales del país, que representan, según el comunicado oficial, el 99,4% de las importaciones estadounidenses.
Los aranceles no son uniformes. Algunos países enfrentarán tasas específicas de hasta 12,5%. Colombia se ubica en ese grupo: su arancel pasa del 10% anterior al 12,5%, aunque se mantienen las exenciones a productos como petróleo y café, según confirmó la misma fuente.
La justificación legal: trabajo forzoso
El USTR sustentó la medida en investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso en las economías afectadas. El comunicado señala que las 60 economías investigadas «no son razonables» en la imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos bajo esa modalidad. Esta base jurídica es relevante: los aranceles fundados en investigaciones sectoriales son considerablemente más difíciles de rebatir ante tribunales que los aranceles generales.
Eso no es un detalle menor. A principios de este año, la Corte Suprema dictaminó que los aranceles indiscriminados de Trump eran inconstitucionales, al recordar que solo el Congreso puede aprobar medidas de ese tipo. La Casa Blanca ajustó la estrategia y recurrió a investigaciones previas del USTR como fundamento, blindando jurídicamente la nueva ronda de gravámenes.
Brasil también en la mira
Colombia no es el único país latinoamericano afectado. Brasil recibió esta semana una nueva oleada de aranceles en algunos productos, también derivada de este tipo de investigaciones. La región, en su conjunto, enfrenta una presión comercial creciente desde Washington.
El propio USTR reconoció en su comunicado que «el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales».
Lectura editorial
Desde Ágora Capital, el mensaje es claro: capital busca reglas claras, y cuando un gobierno no las ofrece, el socio comercial más grande del mundo cobra la factura en la aduana. Colombia llega a esta coyuntura con una administración que no ha priorizado la agenda laboral ni la transparencia en cadenas de suministro, y el resultado es un arancel diferencial que encarece sus exportaciones frente a competidores que sí negociaron a tiempo.
La exención al petróleo y al café amortigua el golpe inmediato, pero no resuelve el problema estructural: Bogotá necesita demostrar que sus estándares laborales son reales, no declarativos. Mientras eso no ocurra, el libre comercio con el mercado más grande del mundo seguirá llegando con sobrecargo.
