La administración Trump anunció aranceles de entre 10 y 12.5% a 60 países a los que señala de no hacer lo suficiente contra el trabajo forzado, según una columna de opinión publicada el 29 de julio de 2026 en El Financiero. La medida buscaría evadir restricciones judiciales previamente impuestas al ejecutivo estadounidense, de acuerdo con la misma fuente.
El propio argumento oficial se desmoronó desde adentro. La oficina del representante comercial declaró a la prensa, según la columna, que «el presidente Trump no permitirá que sus objetivos comerciales se vean afectados por cosas mínimas como la decisión de un tribunal». El «verdadero mensaje», según esa misma oficina, es que Trump «utilizará cualquier herramienta para hacer realidad los objetivos de su política comercial».
Ese lenguaje sin ambages define el clima en que se desarrollan las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Los negociadores mexicanos han informado que el país mantiene alrededor del 85% de sus exportaciones hacia EE. UU. sin pagar aranceles. Sin embargo, Washington anunció que en agosto presentará un nuevo esquema comercial que podría contemplar aranceles adicionales para México, junto con presiones en materia de reglas de origen y agenda de seguridad.
En el plano político interno, la columna cita una encuesta de Fox News que muestra que la desaprobación de Trump «araña ya su mínimo histórico», alcanzado en octubre de 2017 durante su primer mandato. Según esa encuesta, el 53% de los electores votaría por los demócratas, cifra que sube a 59% frente a 41% republicano en distritos donde la elección de 2024 fue reñida. Los rubros de mayor desaprobación son inflación (73%), economía (67%), Irán (66%) e inmigración (57%).
En paralelo, la columna señala que Trump busca sumar 95,000 millones de dólares al presupuesto militar y que solicitará un billón y medio de dólares adicionales en 2027, según la fuente. Cabe subrayar que estas cifras y las referencias a operaciones militares en Irán provienen de una columna de opinión firmada, no de declaraciones oficiales verificadas de forma independiente.
Desde la perspectiva de Ágora Capital, el patrón es conocido: cuando el entorno político interno se complica, el instrumento arancelario se convierte en válvula de presión hacia afuera. El problema es que los aranceles no son gratis: los paga el importador, los traslada al consumidor y los absorbe la cadena productiva. Llamarlos «herramienta de política comercial» no cambia su naturaleza de impuesto al intercambio voluntario.
Para México, la negociación del T-MEC transcurre en un escenario donde las reglas del juego se reescriben según el calendario electoral de Washington. El capital busca reglas claras; la incertidumbre arancelaria es su antítesis. La pregunta relevante no es si México tiene margen de maniobra —la fuente sugiere que sí— sino si el gobierno mexicano está dispuesto a usarlo con la misma determinación con que su contraparte despliega el garrote.
