La Administración Trump analiza un acuerdo sobre el Parque Nacional Yosemite. El plan cedería una franja de terreno de unos 400 metros dentro del parque. El receptor sería una empresa operada por Kingsbarn Realty Capital, firma de inversión y desarrollo inmobiliario con sede en Nevada.
Según documentos citados por el medio NOTUS, funcionarios del Gobierno han presionado discretamente al Servicio de Parques Nacionales. El objetivo es facilitar la operación. A cambio, el Servicio recibiría un terreno de igual valor en otro punto de California, aún sin determinar.
El uso previsto del terreno es concreto. El desarrollador busca construir una carretera. Esa vía conectaría una propiedad adyacente al parque, ubicada en el Bosque Nacional Stanislaus, con una ruta de servicio dentro de Yosemite. El acceso resultante llegaría a una de las arboledas de secuoyas milenarias del parque.
La propuesta activó críticas inmediatas. El senador demócrata Padilla afirmó, según sus redes sociales, que los parques nacionales «no pertenecen a los amigos ni a los aliados políticos de Trump». Dijo que luchará para que sigan al servicio del pueblo. Agregó que los proyectos deben elegirse por sus méritos. No por las conexiones del solicitante con altos funcionarios de la Administración.
El senador Schiff, también demócrata, recordó que los tribunales ya anularon un proyecto similar en el pasado. Advirtió que volverá a los tribunales si es necesario. Calificó a Yosemite como «una de las maravillas naturales de California».
El Departamento del Interior, del que depende el Servicio de Parques, respondió al diario Los Angeles Times. Reconoció que el acuerdo está en consideración. Negó cualquier influencia indebida por parte de la Casa Blanca.
El mecanismo en discusión no es ajeno al derecho de propiedad: un intercambio de tierras de valor equivalente. Ese tipo de operación existe en la ley federal desde hace décadas y permite reasignar activos públicos sin gasto directo del contribuyente.
El problema no es el instrumento. Es la transparencia de su uso. Si las conexiones políticas del solicitante pesan más que el mérito del proyecto, el mercado de tierras públicas deja de operar bajo reglas claras. Ese riesgo, más que la cesión en sí, es lo que ha puesto en alerta a legisladores y grupos conservacionistas. El desenlace judicial, si llega, definirá qué pesa más: el precedente de 2021 que frenó un proyecto similar o la discrecionalidad del Ejecutivo actual.
