El gobierno de Donald Trump ha devuelto alrededor de 100,000 millones de dólares en aranceles cobrados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), según una declaración judicial presentada por Brandon Lord, director ejecutivo de Programas Comerciales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos.
Lord certificó que la CBP envió al Departamento del Tesoro aproximadamente esa cifra en devoluciones, incluyendo aranceles e intereses, y que los reembolsos ya se dispersan de manera regular. El monto total de reembolsos potenciales y certificados aceptados para procesamiento asciende a 128,680 millones de dólares, mientras la agencia continúa revisando solicitudes pendientes.
Para gestionar el volumen, la CBP desarrolló una funcionalidad dentro del sistema Automated Commercial Environment (ACE) denominada Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE), diseñada para calcular y procesar devoluciones válidas de los aranceles adicionales impuestos bajo la IEEPA.
Al 31 de julio, los importadores habían presentado 252,496 declaraciones CAPE, de las cuales 178,213 superaron las validaciones del sistema. Esas declaraciones abarcan 25.1 millones de operaciones de importación elegibles para eliminar los aranceles IEEPA, y 17.69 millones ya fueron liquidadas o reliquidadas sin dichos gravámenes.
Un rezago puntual persiste: 19,726 reembolsos —valuados en aproximadamente 1,600 millones de dólares— permanecen pendientes de envío al Tesoro porque los importadores aún no han proporcionado la información bancaria necesaria para las transferencias electrónicas.
El proceso entero fue detonado por una serie de litigios que obligaron a la CBP a establecer el mecanismo de reembolso, lo que convierte esta devolución masiva en un resultado directo de la revisión judicial de los poderes de emergencia económica del Ejecutivo.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, la cifra importa en dos planos. Primero, el de flujo de caja: 100,000 millones de dólares que regresan a manos de importadores privados —empresas, mayoristas, manufactureros— son capital productivo que el aparato estatal retuvo durante meses. Cada semana de retraso fue un costo real para la cadena de suministro.
Segundo, el plano institucional: los tribunales funcionaron. La IEEPA fue cuestionada, los litigantes ganaron terreno y la burocracia tuvo que construir desde cero un sistema de devolución. Eso no es una derrota para la política comercial de Trump; es la arquitectura de frenos y contrapesos operando tal como fue diseñada. Capital busca reglas claras, y esta resolución —aunque tardía— entrega precisamente eso: certeza sobre el costo real de importar y un mecanismo predecible para recuperar lo pagado en exceso.
